“Fast track” hacia una Constituyente

Desde hace más de una década Colombia atraviesa por una serie de dificultades que ameritan reformas a fondo para hacer viable un Estado que empezó a resquebrajarse por cuenta de un defectuoso diseño institucional y por el consecutivo y reiterado comportamiento de quienes sin consecuencia alguna abusaron del poder en el ejercicio de sus cargos. A pesar de la urgencia, no ha sido posible o no ha existido voluntad política para reformar la justicia, poner límite a la Corte Constitucional, impulsar una verdadera y definitiva reforma a la política, recomponer las relaciones de poder entre los poderes públicos o meter en cintura a los organismos de control.

Desde hace años también están en la agenda las reformas sociales y las económicas: el sistema de salud sigue funcionando con incentivos equivocados, las pensiones no alcanzan ni hay quien las pague, la actividad minero-energética se ha vuelto una aventura incierta y las reformas fiscales han convertido a nuestro país en el paraíso de la complejidad y del tributo indirecto, el reino de la incertidumbre y el cambio de las reglas de juego.

Colombia, pues, y ello es lamentable, tiene una agenda acumulada de reformas urgentes que impiden de manera estructural combatir la corrupción, adelantar políticas económicas exitosas, recuperar la confianza en las instituciones, construir seguridad jurídica y garantizar, claro está, la continuidad de la lucha contra la ilegalidad, la justicia imparcial y la convivencia pacífica.

En medio de este mar de reformas pendientes se iniciaron los cambios que se derivan de los acuerdos con las Farc, que van más allá del propósito de desmovilización de un grupo guerrillero y que transforman la vida de todos los colombianos. Por ejemplo, se presentará pronto una reforma electoral, se debaten cambios a la institucionalidad del campo, se ha creado una justicia paralela cuyos lazos comunicantes con la Rama Judicial son un misterio, se expidió el estatuto de oposición que convierte en ganadores a quienes perdieron las elecciones y está en proceso el cambio el régimen de regalías. Incluso se establece que no podrán modificarse normas derivadas de los acuerdos de paz durante tres períodos presidenciales, como si se pudiese renunciar a la función constituyente. Como siempre sucede, algunas de estas normas tendrán algo de bueno, de regular o de malo. Pero todas en común tienen un indeleble pecado de origen: son el resultado de la implementación de un plebiscito que perdió en las urnas y en consecuencia no hacen parte de un consenso político, sino de la imposición congresional de una facción política sobre las demás. Estas normas, a diferencia de las que hasta ahora hacían parte de la Constitución, son consideradas por al menos la mitad de la sociedad como ilegítimas y contrarias al pacto común que expresa la Constitución del 91.

Y así, con tantas cosas por hacer y con tantos cambios institucionales que quieren deshacerse, no queda duda de que más temprano que tarde entraremos en una vía rápida, un fast track para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

@NicolasUribe