Favorecido por inacción de la justicia

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Aparte del soborno a testigos y fraude procesal que llevó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a ordenar detención domiciliaria para Uribe Vélez, la otra investigación por la que, ahora, la misma Sala cita al excongresista a versión libre es mucho más grave que la primera. En esta se examina su responsabilidad, en principio por omisión, en crímenes de lesa humanidad cometidos en las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja, municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, que, a su vez, limita por el margen derecho de la cordillera Occidental con el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Plena zona de dominio paramilitar en los años 90 y siguientes, cuando pueblos enteros fueron aplastados bajo el terror de los grupos asesinos. ¿Qué tiene que ver el expresidente con esos hechos salvajes que sucedieron cuando él era gobernador de su departamento? Eso pretende averiguar la Corte. La siguiente pregunta es: ¿por qué la justicia no ha resuelto nada sobre la conducta de Uribe en 20 años, pues en el 2000 la Fiscalía abrió la primera indagación formal en que se le mencionaba a él y a su hermano Santiago respecto de los ataques paramilitares?

La respuesta rápida es que este y otros miles de procesos nunca logran decisión absolutoria o condenatoria debido a la ineficiencia y congestión judicial. Pero pensando con fundamento en lo que se consigue, en este país, con influencias sutiles o presiones del poder, cabe la tesis de que las carpetas del caso rodaron, a propósito, de anaquel en anaquel sin ninguna evolución. El último despacho que recibió el caso Uribe-masacres de Ituango, antes de llegar a la Sala de Instrucción de hoy, fue el del magistrado de la Sala Penal de la Suprema Gustavo Malo, adonde llegó en 2014 con la creencia de que, ahora sí, avanzaría. Pero no. Al menos no con el impulso de Malo pese a los impresionantes relatos de las víctimas y de algunos victimarios que confesaron sus culpas. Malo, elegido en la Corte gracias a la intensa campaña de su pupilo, aliado y cómplice del cartel de la toga, Francisco Ricaurte, no mostró ningún interés en adelantar esa obligación legal. Sí lo hizo, en cambio, su eficiente magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez quien mientras investigaba, en el primer semestre de 2015, a los congresistas Besaile y Manzur, también estudiaba, con juicio, el proceso Uribe-Ituango, por primera vez en década y media. Entonces no se sabía nada sobre las coimas que Ricaurte, Malo, Bustos y Tarquino les pedían a los encartados. El exfiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno, condenado en Estados Unidos, detalló hace unos días ante el juez de Ricaurte que los $2.000 millones que le exigieron a Besaile le garantizarían a este que ellos detendrían al magistrado investigador y que, para hacerlo, Malo lo echaría del puesto: “Se adquiere el compromiso porque no se puede tomar ninguna decisión mientras Reyes esté ahí”. Manzur resultó, también, beneficiado con la expulsión del auxiliar. Y se infiere que, de paso, se estancaba el expediente Uribe-Ituango como, en efecto, sucedió hasta cuando asumió el reemplazo de Malo una vez este fue separado del cargo por corrupto, dos años después, en 2017.

Ricaurte, acusado, en la actualidad, por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, fue presidente de la Corte en 2008, época azarosa por los ataques políticos de Álvaro Uribe a los magistrados —sí, ¡hace 12 años ya estábamos en estas!—, por sus decisiones, entre otras, la condena a Yidis Medina por vender su voto para la reelección del detenido exsenador. La condena de Yidis afectaba a Uribe porque, como consecuencia lógica del fallo, su segundo mandato dejaba de ser legítimo. Aunque Ricaurte daba declaraciones en defensa del alto tribunal para que lo oyeran sus compañeros, en privado merodeaba por la Casa de Nariño, llevaba cuentos y buscaba aproximaciones más personales que institucionales con el presidente, mediante el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio. De los coqueteos de Ricaurte con Uribe queda un rezago de información: Julio Sánchez dijo en la W que Ricaurte le envió, hace poco, dos mensajes al expresidente para que le mandara “un abogado o un amigo de su confianza” al que le revelaría secretos del “cartel de la toga II”. Es extraño que, en medio de sus líos judiciales, Ricaurte quiera restablecer sus contactos con el expresidente, también en problemas penales y en pie de guerra frente a la nueva Corte. El otro miembro de esa banda, Leonidas Bustos, es recordado por sus excolegas porque “era un lambón” con el exmandatario: se peleaba por ir a viajes con el jefe de Estado. Faltan datos para dibujar un panorama más realista del que pinta la propaganda uribista según la cual a Uribe “lo condenan”, ahora, los sucesores del cartel, por venganza. Si uno mira bien las cosas, resulta exactamente al contrario: lo favorecieron Malo, Ricaurte, Bustos y compañía, mínimo, por inacción. Y, en todo caso, les dieron alas a sus levantamientos ilegales contra la Justicia, con adulación y traición a la investidura de jueces que jamás debieron portar. Seguiremos informando.

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