Por: Arlene B. Tickner

Felicidad pasajera

La liberación del exdirector de Inteligencia Militar y general retirado Hugo Carvajal Barrios —acusado por la justicia estadounidense de participar en el narcotráfico— levantó el nubarrón que su captura en Aruba había producido sobre el Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la celebración del cumpleaños 60 de Hugo Chávez y la cumbre de jefes de Estado de Mercosur. Sin embargo, se trata de una felicidad pasajera para el gobierno de Nicolás Maduro.

Más allá de la decisión del gobierno de los Países Bajos, con base en el artículo 12 de la Convención de Viena de 1961, de reconocerle a Carvajal —quien esperaba su acreditación oficial como cónsul general en Aruba— la inmunidad diplomática, el hecho de que el canciller de ese país también lo haya declarado persona non grata ilustra el creciente señalamiento internacional a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas por su involucramiento en actividades ilegales. Éste data de 2008, cuando Carvajal y los militares en retiro Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, ambos gobernadores actualmente, fueran incluidos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en la Lista Clinton por participar en las actividades de tráfico de las Farc.

En dos de tres casos federales en Miami y Nueva York contra militares venezolanos dados a conocer en estos días, Carvajal es acusado de aceptar sobornos, facilitar la exportación de cocaína de Venezuela hacia Estados Unidos y México, ofrecer protección e información con el fin de evitar la captura de narcotraficantes colombianos vinculados a la red del difunto Wílber Varela, alias Jabón, e invertir en los envíos de droga. Cargos similares se presentan en el tercer caso contra el exjuez Benny Palmieri, arrestado este mes mientras viajaba a Disneyworld, y el exdirector de Interpol en Venezuela Rodolfo McTurk.

Las acusaciones señaladas sugieren que, además de favorecer por omisión las operaciones del narcotráfico, puede estarse gestando una vinculación mucho más estrecha al negocio por parte de militares del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional que integran el llamado “cartel de los soles”. No obstante la impunidad con la que actúan —situación que las fracturas en el interior del chavismo tienden a favorecer—, una encuesta realizada en Venezuela el 27 de mayo por Datanálisis sugiere que su enjuiciamiento en Estados Unidos no gozaría de aceptación entre la población.

Aunque 70% de los venezolanos considera que el país va mal, 73% se opone a que Washington tome acciones unilaterales en contra de éste. Incluso entre quienes se consideran opositores del chavismo o independientes el rechazo asciende a más de la mitad de los encuestados. Al preguntar cuáles podrían ser los motivos de Estados Unidos para sancionar a Venezuela, y en reflejo del discurso oficial, un 44% respondió que sería para propinar un golpe de Estado y controlar los recursos petroleros. La actitud negativa de los venezolanos frente a la intervención estadounidense en sus asuntos internos apunta a que los vínculos de los militares con el narcotráfico —un cáncer en el interior del chavismo— deben ser tratados por vías alternas. A su vez, los integrantes de Mercosur e Unasur, junto con Cuba, cuya política en esta materia ha sido elogiada por Estados Unidos, deberían comenzar a sopesar el costo de no hacer nada.

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