Feria de avales y calidad de la democracia

En realidad la gente no tiene claro por quién votar. Es lo que he escuchado en varios lugares cuando pregunto por quién van a votar en el mes de octubre, y la respuesta siempre es: “La verdad, no tengo ni idea, ya no se sabe a qué partido pertenece tal o cual candidato, ni qué representa ni qué propone, ni de dónde saca la plata para la campaña, todo es imagen y marca, y, claro, tomarse la foto al lado de su caudillo favorito”.

La teoría democrática contemporánea nos ha dicho que el voto es el mecanismo por medio del cual el ciudadano revela sus preferencias, y los gobiernos elegidos bajo esta lógica tienen como objetivo transformar esto en políticas públicas. Sin embargo, a esta idea simple de cómo funciona la democracia le surgen muchas distorsiones para seguir creyendo en ella: la poca gente que vota comparada con la población habilitada para hacerlo, la falta de educación política de los ciudadanos para estudiar los programas de los candidatos, la crisis de representación de los partidos políticos, entre otros fenómenos, a los cuales se suman, en el caso colombiano, la compra de votos, la trashumancia electoral y la feria de avales sin ningún control.

En todos los departamentos se encuentran candidatos avalados por diferentes partidos que no permiten establecer una coherencia y que envían un mensaje erróneo y distorsionado al elector. Candidatos avalados por el Partido Liberal y el Centro Democrático, otros por el Partido Verde con Cambio Radical y el Partido de la U, o por el Liberal y el Conservador, y así, por todo el país se encuentran alianzas imposibles con el único objetivo de sumar.

Ahora, esa feria de avales tiene un grave componente, más allá de la indisciplina programática —que se origina en la propia crisis de los partidos políticos—, y es que todo indica que en el fondo es un gran negocio. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha investigado el tema y encontró varios puntos inquietantes que exigen una revisión a fondo del tema. En un informe de septiembre de este año encontraron que en los llamados partidos étnicos (ASI, MAIS, ADA, PRE y Colombia Renaciente) se concentra el 55% de los casos de compra de avales, muchos de ellos por precios que oscilan, según el cargo, entre los $2 millones —para alcaldías y concejos de pequeños municipios— y $1.000 millones —en grandes ciudades y gobernaciones—, que habría sido la suma que se pagó por un aval para la Alcaldía de Bucaramanga y que ameritaría una investigación de las autoridades, al menos para establecer de dónde salió la plata de quien lo paga. Señala Pares: “Estos partidos políticos entregaron un total de 18.164 avales distribuidos así: ASI, 8.328 avales; MAIS, 7.050; Colombia Renaciente, 5.242; ADA, 3.565 y PRE, 2.307; es decir, el 15% de todos los avales”. Estos partidos minoritarios con muy poca o ninguna representatividad se han convertido en fábricas de avales sin que ninguna autoridad electoral se cuestione por esta deplorable práctica que desnaturaliza la democracia partidista. Hay que empezar a preguntarse si los grupos armados ilegales y actores de economías ilegales están jugando en este escenario, porque puede ser una buena inversión financiar a un candidato —pagándole el aval— a cambio de condiciones institucionales propicias para su operación.

Así que tienen razón quienes dicen que no saben por quién votar, en esas circunstancias la política ha dejado de ser un medio para promover el bienestar social y se ha transformado en un gran negocio, lo que nos lleva a malos gobiernos, ciudadanos desencantados de lo público e influencia creciente de actores ilegales, el peor escenario en el que se desenvuelve y deteriora la democracia local en Colombia, y se implementa el acuerdo de paz.

@cuervoji