Por: Mauricio García Villegas

Final descorazonador

NUNCA ME HAN CONVENCIDO LOS argumentos de quienes a ultranza defienden las bondades de la privatización y del desmonte del Estado.

 

Siempre he pensado que mantener, e incluso fortalecer, la intervención estatal (bien hecha, por supuesto) en áreas claves de la vida social, como la salud, la educación y la seguridad es algo necesario y positivo (los teólogos del libre mercado, como los teólogos en general, me parecen sospechosos).

Pero esta semana hubo dos cosas que reforzaron mi convicción de que hay que defender la intervención del Estado en la economía: la aparición de un escándalo (sí, uno más) y un documental que por estos días está en carteleras.

El escándalo al que me refiero es el de la salud. Según una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (La silla vacía, mayo 11), en 2006 las EPS afiliadas a Acemi (las más poderosas del país) se pusieron de acuerdo para negar servicios que estaban previstos en el POS y para falsear información ante el Ministerio. Como resultado de este acuerdo fraudulento, los usuarios del sistema interponían tutelas y las EPS cobraban dos veces por lo mismo: primero, vía la UPC, que es la tarifa que paga el Ministerio por afiliado y que debe cubrir todo lo que ofrece el POS y segundo, vía recobros al Fosyga, que es la cuenta del Estado destinada al pago de las tutelas. Esto explicaría el crecimiento desmesurado de los dineros recibidos por las EPS de Acemi en los últimos años: mientras que en 2006 obtuvieron 336.000 millones por recobros, en 2009 recibieron 1,7 billones. El escándalo es de tal magnitud que uno echa de menos la existencia del Seguro Social, que ya era un desastre.

El documental al que me refiero es el célebre Trabajo confidencial (Inside Job) en el que se muestra cómo la crisis económica mundial de 2008 fue ocasionada por el desmonte de los controles al sistema financiero y por la serie de artificios y engaños utilizados por los banqueros para apropiarse del dinero de sus usuarios. Dicho desmonte fue concebido por la derecha republicana con la ayuda de prestigiosos profesores de economía, los cuales vendían, con el sello de la ciencia, sus ideas a los bancos para que éstos justificaran su conducta. Hasta los economistas más ortodoxos aceptan hoy que nada de esto habría pasado si no se hubiese desmontado la intervención del Estado en el sistema bancario.

La historia que cuenta Trabajo confidencial tiene un final descorazonador: la crisis económica que llevó a millones de personas a perder su empleo, su casa o su patrimonio, terminó con la llegada de Barack Obama al poder: a pesar de que durante su campaña presidencial Obama había denunciado las trampas de los bancos y la complicidad del gobierno con ellos, como mandatario les dio a los banqueros el dinero necesario para salvarlos de la bancarrota. Peor aún, con el argumento de que la quiebra de los bancos podía afectar el sistema económico, Obama no sólo no impulsó las sanciones contra los responsables de la crisis sino que nombró a buena parte de ellos en los puestos directivos más importantes del sistema. Sobra decir que, en este caso, los banqueros defensores de la desregulación (y sus economistas lacayos) no se opusieron a semejante intervención del Estado.

Es tal el poder que el gran capital tiene hoy en todo el mundo, que es muy probable que el final del escándalo de las EPS en Colombia sea tan descorazonador como el final del escándalo bancario en los Estados Unidos.

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