Por: Eduardo Sarmiento

Financiación de la educación superior

La Constitución de 1991 le dio una clara prioridad a la educación. Se estableció que una parte del presupuesto nacional se destinaría en forma creciente a la educación primaria y secundaria y la salud. Luego los actos legislativos lo limitaron al aumento de la inflación más dos puntos. Sin embargo, no se avanzó mayormente sobre la educación universitaria, que se dejó a la discrecionalidad de los gobiernos.

Hoy en día las circunstancias son diferentes. La educación primaria y secundaria tienen coberturas que se acercan al 100 %. En cambio, la cobertura de la educación superior no llega a 40 % y aparece como el aspecto más crítico del sistema educativo. Se ha llegado al estado en donde la incidencia de la educación sobre las habilidades y el conjunto de la economía depende de la matrícula de estudiantes graduados en las universidades. De otra manera, los esfuerzos realizados en el pasado en la cobertura primaria y secundaria quedarían inconclusos.

En el estudio reciente divulgado por el BID sobre la educación se llega a un diagnóstico similar para América Latina. En varios pasajes se señala que el monumental aumento del gasto en educación no ha tenido efectos tangibles en el crecimiento económico, el salario y la equidad, y lo atribuye en buena parte a la calidad de la educación secundaria y a la cobertura reducida de la educación universitaria.

En la actualidad, las universidades públicas tienen 600.000 estudiantes y operan con un costo anual por estudiante de $5,0 millones. El costo presupuestal es de 3,5 billones anuales, cerca de 0,6 % del PIB. La cifra suministra un alto margen para que los cursos regulares se atienden con profesores de tiempo completo y las instituciones obtengan los rendimientos para sostener la infraestructura física. Por lo demás, en los exámenes Saber Pro obtienen puntajes similares a los de las universidades privadas de élite.

En este contexto, el país está en condiciones de elevar significativamente la apropiación de las instituciones públicas para elevar la cobertura de 40 a 60 % en un plazo de cuatro años. El costo sería del orden de $1,7 billones por año, que es una cifra modesta con respecto a las partidas presupuestales destinadas para las pensiones, la infraestructura física y el gasto militar.

El Gobierno adoptó un camino muy distinto. El programa Ser pilo paga fue concebido precisamente como una forma de ampliar la cobertura con las universidades privadas. Como las universidades públicas no pueden ofrecer los mismos servicios personales y sociales, y operan con una matrícula menor, obtienen la sexta parte del subsidio. Lo grave es que en este caso, el costo por estudiante aumenta a $25 millones, y la apropiación presupuestal para la cobertura, a $7 billones, lo que se sale de las posibilidades presupuestales.

No es fácil entender la reacción tardía de los rectores. Por simples razones técnicas y presupuestales, no es posible mantener las erogaciones de Ser pilo paga con la ampliación de las universidades públicas, y se puede esperar que el Gobierno y el Congreso encontrarán procedimientos o argucias para restringirlas. En el fondo, se trata de un subsidio de oferta a los derechos fundamentales, que es muy difícil de sostener con la presencia de instituciones públicas, como se ha visto en la salud y las pensiones, que terminaron en manos de las EPS y los fondos privados AFP.

El balance es claro. La universidad pública no tiene las condiciones para competir por los recursos con el programa Ser pilo paga, ni para obtenerlos en forma directa del presupuesto nacional. Quiérase o no, estamos ante la privatización de la educación superior por la puerta de los estímulos de mercado.

 

 

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