Financiación de la política y contratación: una relación tóxica

La corrupción es un problema estructural que permea toda la sociedad. Por esto se requieren soluciones estructurales, de largo plazo, que trasciendan coyunturas específicas de emergencia como las que se están enfrentando. Si no existen suficientes previsiones y medidas eficaces para hacerles frente a los corruptos, estos encuentran el campo abonado para utilizar los recursos públicos como si fueran un cheque en blanco.

La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría han aunado esfuerzos para investigar hechos de corrupción relacionados con el manejo del dinero y los bienes destinados a la atención del COVID-19. Estas investigaciones han comenzado a dar resultados. Sin embargo, también han puesto en evidencia que el Estado ha sido incapaz de prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Por ejemplo, para investigar qué financiadores de los mandatarios elegidos en 2019 han recibido contratos para atender la pandemia.

La relación perversa entre dinero y política —más concretamente entre la financiación de campañas y la contratación pública— es un claro ejemplo de las debilidades estatales para prevenir posibles actos de corrupción. La financiación privada de campañas no es en sí misma buena o mala. El problema surge cuando los financiadores condicionan sus aportes a la obtención de beneficios personales o para terceros, como contratos, nombramientos y compras de suministros.

Si bien aún no hay evidencias empíricas sobre lo que sucedió en las elecciones de 2019, es muy probable que este sea el trasfondo de muchos de los hechos de corrupción que se han conocido en las ultimas semanas relacionados con la atención de la pandemia. Como lo ha documentado Transparencia por Colombia, el 50 % de quienes financiaron gobernadores en 2015 y el 33 % de quienes aportaron a campañas de congresistas electos en 2018 obtuvieron contratos en los años subsiguientes a la elección.

En cuanto a las modalidades, el 80 % de los contratos con financiadores de mandatarios locales fueron por contratación directa y prestación de servicios, los cuales no requieren concurso de méritos ni múltiples oferentes. Entre tanto, el 93 % de las campañas nacionales se hicieron bajo la modalidad de régimen especial, que no se rige por normativas de cada entidad y por lo general son por grandes montos.

Estas cifras ameritan que rápidamente se investigue la relación entre financiamiento de las campañas en las elecciones de 2019 y quienes han recibido contratos relacionados con la atención del coronavirus. Si ya en el pasado se evidenciaron graves hechos de corrupción en la ejecución de multimillonarios contratos otorgados a aportantes de las campañas de los elegidos, ¿por qué no habría de suceder con los últimos comicios?

Si actuaciones como estas suceden cuando no hay emergencias, no es difícil inferir que en medio de la pandemia del COVID-19, cuando se toman decisiones amparadas en la urgencia y en medidas de excepción, se multiplican los recursos destinados a atender la pandemia y los controles se vuelven más laxos, la corrupción se convierta en otra epidemia más. Ojalá no sea tarde para saber dónde están los corruptos y quién los alimenta.

Nota. Solidaridad con todos los que han sido víctimas de las chuzadas. Otra historia que se repite.