Por: Nicolás Uribe Rueda

Financiación política

Esta semana se presentó como escandaloso el aporte económico electoral de algunas EPS a varios congresistas que en este momento discuten la reforma a la salud.

Se exhibió a quienes recibieron recursos en campaña electoral, como si se tratara de un cartel de mandaderos que estaba dispuesto a hacer todo aquello que sus financiadores ordenaban en el marco del debate.

Es entendible y conveniente que se presente el debate sobre la manera en que en Colombia se financian las campañas políticas, pero éste debe tener algo más de fundamento que la simple vocación para hacer un escándalo de cada situación que se presenta en el Congreso. Para empezar, hoy las EPS son empresas que generan utilidades como cualquier otra, y la financiación de campañas políticas está permitida y legalmente reglamentada para cualquiera que considere que aportar recursos a campañas es también una forma de participación política. Escandalizarse por ello equivale a sorprenderse por lo que permite la Ley 130 de 1994 y por aquello que en Colombia sucede desde que se inventaron las elecciones. Esto, por supuesto, en el marco de la ley, con recursos privados declarados, informado en la contabilidad de las campañas y auditado por los partidos y por el Consejo Nacional Electoral. Si esto no gusta, la solución no es la indignación y la estigmatización de quienes aportan o reciben legalmente, sino la prohibición de la financiación privada y la carga al erario de los costos de la publicidad política.

Pero como tantos debates en Colombia, este no pasará del puro titular que da cuenta del supuesto escándalo. Si estuviésemos de veras preocupados por introducir transparencia en la financiación de las campañas, estaríamos debatiendo algunos cambios institucionales y buscando la forma de evitar las fuentes ilegales de recursos, aquellas que provienen de la criminalidad y las que tienen como origen la defraudación de los recursos públicos.

Para tener campañas transparentes y baratas es necesario, entre otras cosas, reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, empezando por la del Senado, y crear territorios reducidos con una o dos curules por repartir. Sólo así podremos reducir el valor de las campañas haciendo inocuo el gasto de dinero. Pero tal vez lo más importante es eliminar las listas con voto preferente, que permiten la competencia entre los candidatos de un mismo partido. Esta modalidad de elección genera un centro de costos por cada candidato, haciendo que en época electoral coexistan más de dos mil contabilidades que nadie vigila y que las autoridades son incapaces de controlar. Los partidos y sus responsables legales deberían ser los únicos habilitados para captar y gastar dinero, dejando a los candidatos la noble tarea de promoción de las ideas para mejorar la votación para el partido. Es apenas obvio que no hay interés en conseguir recursos ilegales cuando desaparece el beneficio directo para quien los tramita.

Y por supuesto habrá que hacer mejores esfuerzos en materia de investigación criminal para prevenir principalmente el desangre de los presupuestos municipales, que son la fuente predilecta de financiación política ilegal por la vía del control de los contratistas oficiales en el nivel territorial.

 

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