Por: Carolina Botero Cabrera

Fintech y derechos humanos deben ir juntos

El miércoles pasado asistí al foro “El Futuro de la Industria Fintech en Colombia” organizado por Foros Semana. Se discutía la pertinencia de un marco normativo que regule la industria de la tecnología financiera (fintech) en Colombia. Me invitaron para hablar de derechos humanos por mi trabajo con Fundación Karisma.

Las fintech son soluciones tecnológicas que apoyan o mejoran las actividades financieras. Pueden ser productos de los propios bancos, como DaviPlata, pero muchos no están vinculados con las instituciones financieras que ya conocemos. En este caso se trata de nuevos emprendimientos que aprovechan necesidades y espacios que las instituciones financieras no están explotando o, al menos, no aún. En Colombia, por ejemplo, lo hace Refinancia o Buda.com.

El primer panel se centró en si había que regularlas y cómo. En el foro se evidenciaba que la visión de bancos y startups es diferente y se veía la cautela del Gobierno. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que si bien se mencionó varias veces que el eje de esta idea es la de usar datos de las personas, nadie hizo una reflexión sobre éstos, más allá de su explotación. Eso sí, se dijo que las personas debemos ser las dueñas de nuestros datos e incluso que la industria debería generar mecanismos para que cobremos por esas transacciones. Al vuelo se mencionó el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, y algo dijeron sobre algoritmos. 

Mientras ellos hablaban, yo pensaba en la forma como el diseño de los sistemas tecnológicos que usamos incrementa nuestra dependencia y hace irrisorio eso de que “tengamos control”. Este problema está presente en muchos sistemas. Por ejemplo. acceder a los medicamentos del POS supone un registro en un sistema. Si el sistema se cae, ¿quién puede negar que me están afectando mi derecho a la salud? O, por pensar en otro contexto, ¿cuántos no venderíamos el alma al diablo si con ello nos dan el préstamo para comprar nuestra primera casa?

En el panel que me correspondió, el invitado especial era el exministro TIC Diego Molano, quien, entre otras cosas, propuso que las fintech atacaran dos grandes vicios: corrupción y narcotráfico. Planteó que esto se puede hacer, por ejemplo, eliminando el efectivo como lo hizo la India. Señaló que allí una de las estrategias para eliminar el efectivo fue abolir los billetes grandes. Con la política de eliminar el efectivo, India consiguió en los primeros seis meses incrementar en un 40% el recaudo de impuestos. “Sí, hay críticas y problemas”, dijo, pero para Molano el éxito es innegable.

Esas palabras me dieron pie para mostrar en mi turno, entre otras cosas, que quizá uno de los ejemplos más bárbaros que tenemos quienes defendemos los derechos humanos en el uso de tecnología es precisamente India, es Aadhaar

Cuando hablamos de la política pública con la que India busca restringir el efectivo, no podemos ignorar que está ligada a la política de identificación masiva (allá no existía un documento de identificación único). En India crearon una base de datos de identificación biométrica: Aadhaar, que se usa también para restringir la circulación de dinero. No solo ya no existen billetes grandes, ahora a través de Aadhaar el Estado asigna, controla y entrega los subsidios bancarizando esa entrega, incluso los bancos enrolan a la gente a Aadhaar

Esta identificación y bancarización “a las malas” en uno de los países más poblados y desiguales del mundo es compleja. Por ejemplo, el hecho de que no haya conectividad en todas partes –o que no sea buena–  o los problemas de la biometría –que años de trabajo con el azadón hayan borrado las huellas digitales de un campesino mayor– y otra larga lista de problemas del sistema se han ensañado precisamente con los más vulnerables. Si se aumentó el recaudo tributario, también la solución tecnológica ha costado la vida a algunas personas que dependían de los subsidios porque no figuran en la base de datos, por tanto, no reciben el dinero. 

Eso no es todo. Por ejemplo, en el mercado negro conseguir la información personal asociada a Aadhaar vale 8 dólares; por otros 5 dólares se obtiene el software que permite imprimir la tarjeta de identidad. A nueve años de su inserción, Aadhaar no es solo un sistema de identificación, es una alianza público-privada, entre otros, con la banca. Como proyecto público es una infraestructura crítica que, aunque es un sistema sociotecnológico complejo, no ha conseguido precisamente que los tecnócratas la problematicen como un riesgo de derechos humanos. Fue eje de un fallo judicial sobre privacidad y se convirtió en un hueco importante para la seguridad digital del país. Repito, es un tema complejo.

Mucho se dijo en el foro, pero para mí es claro que a la responsabilidad del Estado en favorecer entornos garantistas de los derechos humanos, se suma que cualquier empresa que esté diseñando soluciones tecnológicas debe pensar seriamente en la forma como sus soluciones afectan o impactan nuestros derechos

En el futuro, ni la privacidad, ni la libertad de expresión, ni el derecho a la salud serán lo mismo, pero existirán y deberán ser una guía en el diseño de soluciones tecnológicas. Mejor pensarlo desde el principio. 

A los emprendedores les diría: Facebook aguantó el escándalo por su músculo financiero y posición dominante mundialmente. Cambridge Analytica no lo aguantó. ¿Qué creen que le sucederá a una pequeña startup colombiana?

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