Por: Gustavo Gallón

Fiscalía: antes garantizar que "priorizar"

El fiscal general, Eduardo Montealegre, pretende dar un giro a las investigaciones sobre delitos cometidos por estructuras organizadas de poder, tales como violaciones de derechos humanos o corrupción.

Se trata de superar la atomización y dispersión actual, en la cual “una misma organización delictiva, una misma situación o un mismo delito están siendo investigados por diversas unidades nacionales de la Fiscalía, con resultados contradictorios”, según su asesor Alejandro Ramelli. Para ello, piensa crear en la Fiscalía una unidad especial encargada del estudio de los contextos de criminalidad, que permita orientar y articular las investigaciones.

Dicha unidad estaría integrada por violentólogos, además de fiscales, y aplicaría las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la identificación de los contextos. A partir de allí, se daría “la incorporación de sistemas y bases de datos que respondan a las nuevas necesidades y que permitan un adecuado flujo de información y cruces de datos, un cambio en los mecanismos de evaluación del desempeño de nuestros fiscales y el diseño de criterios de priorización”, dice Montealegre. En síntesis, en vez del aislamiento en que trabajan funcionarios de la Fiscalía (muchos de ellos en forma abnegada), una integración generada desde la cabeza, que potencie sus valiosos esfuerzos y permita salir de una impunidad que ronda el 99%.

Deseando que este nuevo y acertado enfoque produzca resultados, cabe plantear tres sugerencias:

Primero, que los “criterios de priorización” no conduzcan a ignorar la investigación de delitos no priorizados, que sin embargo deben investigarse. Hay quienes en la Fiscalía presentan el nuevo enfoque como sustituto de una justicia supuestamente “maximalista”. La Constitución garantiza que las autoridades están instituidas para proteger los derechos de “todas” las personas residentes en Colombia (art. 2º). Si no se tiene claro este principio, se corre el riesgo de terminar en una justicia “minimalista”, es decir, una justicia denegada para quienes no queden incluidos en los criterios de la Fiscalía.

Segundo, que haya controles adecuados para evitar abusos so pretexto de la priorización. Un fiscal general como el que aparece en las listas de pagos del narcotraficante Chupeta podría establecer unas prioridades contrarias a las esperadas como consecuencia de este nuevo enfoque. Deberían preverse recursos ágiles y eficaces para que la ciudadanía pueda conocer e impugnar los criterios de prioridad que se adopten por la Fiscalía.

Tercero, que se depure a la Fiscalía y a su CTI de funcionarios que estén ligados a estructuras criminales. Son la minoría, por supuesto, pero no son pocos. Muchos de ellos han estado y siguen ligados al paramilitarismo y a la corrupción. Mientras continúen vinculados a este importante organismo de investigación, el nuevo enfoque no podrá dar todos los resultados positivos que de él se esperan.

Qué conveniente sería que en tales condiciones se investigaran los nexos que aparecen día tras día entre múltiples delincuentes y el anterior gobierno. Eso sí que es prioritario.

*Comisión Colombiana de Juristas, director.

 

 

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