Por: Eduardo Barajas Sandoval

Flexibilizar exigencias y sanciones

Sería bueno escuchar a quienes sostienen que las sanciones económicas, lo mismo que las exigencias de una austeridad extrema, contribuyen a frenar, en lugar de fortalecer, no solo la economía sino el ánimo de sociedades en crisis.

Robert Mugabe, el sorprendente presidente de Zimbabwe, que todo lo que ha demostrado es su capacidad para desperdiciar el capital político que acumuló la mayoría negra de su país al momento de la fundación del nuevo Estado, reclama el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea desde hace una década, con el argumento de que se han convertido en un obstáculo fundamental para el desarrollo.

Los ciudadanos españoles, como lo hicieran los griegos hace unos meses, se lanzan a la calle a protestar por las medidas restrictivas de sus ingresos, de su seguridad y en el fondo de su libertad, que les han sido impuestas para satisfacer las exigencias del conjunto de la Unión Europea, que estima necesario obligarlos a un sacrificio por el cual no votaron jamás, como no lo hicieron por las acciones y omisiones de gobiernos que permitieron que se presentara la crisis que hoy les afecta.

A pesar de las enormes diferencias, los dos casos tienen el común denominador de presentar el espectáculo de pueblos llamados a responder, ante una combinación de poderes públicos y privados del orden internacional, por los desvaríos de empresarios y administradores de lo público que con sus actos condujeron a la generalización de problemas que han llegado muy hondo, al punto que ponen en peligro elementos fundamentales de la vida cotidiana en condiciones de dignidad elemental.

Las autoridades de la Unión han advertido que están dispuestas a levantar el peso de las sanciones a cambio de avances en la democratización de Zimbabwe, con lo que al mismo tiempo se allanaría, por fin, el camino para que Mugabe abandone el poder y de vía libre a un proceso político nuevo. El anuncio, que ha sido recibido con entusiasmo en los cuarteles de Morgan Tsvangirai, el antiguo y perseguido jefe de la oposición, ahora Primer Ministro en virtud del pacto de gobernabilidad por el que se tranzaron las partes en lugar de ir a la guerra civil, no es otra cosa que una oportunidad de reanimar unas relaciones benéficas para las dos partes, y un avance en la democratización de los pueblos de África.

Si Zimbabwe acepta el trato y tramita una reforma política adecuada, recibirá no solo el regalo de salir de un régimen que nunca estuvo a la altura de las expectativas que alimentó a la hora de los acuerdos de Lancaster House, sino que puede hallar auténticos nuevos horizontes ante la buena voluntad de Europa.
No ocurre por ahora lo mismo con los ciudadanos de países en deuda, que han terminado por ser quienes pagan las cuentas de las malas prácticas de sus empresarios o de sus banqueros y las malas políticas de sus gobernantes. Y eso es precisamente algo que raya con la injusticia, porque desde la lógica popular lo mismo dan las medidas de austeridad que las sanciones.

Así que, si se invoca el mismo espíritu de las exigencias y flexibilidades hacia Robert Mugabe, debería abrirse todo un capítulo de consideraciones sociales sobre el impacto real de las exigencias de austeridad en los países de la Unión que se encuentran en crisis. No hacerlo es mostrar ignorancia o inclemencia con pueblos cuyo sacrificio debe tener límites razonables, como los tiene también su paciencia. 

 

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