Por: Dolly Montoya Castaño

Formación integral, retos para nuestra sociedad

Hoy se cumplen 60 días de paro estudiantil en el país. Dos meses en los que el diálogo y la discusión informada han prevalecido por sobre la intransigencia y los intentos de violencia. En estos meses ya se han cumplido ocho marchas de nivel nacional que han puesto en el debate público y la conciencia colectiva, la crítica situación de la educación superior pública del país.

Los estudiantes universitarios, padres de familia, egresados, profesores y administrativos, todos ellos miembros activos de nuestras comunidades universitarias, en su gran mayoría, han demostrado su profunda conciencia social, al ejercer su libertad y autonomía mediante la participación pacífica y creativa en esta movilización, que propone salidas financieras a la crisis estructural de la universidad pública y la construcción de una verdadera política de Estado para el sector. Es evidente que todas las partes han demostrado voluntad política para llegar a acuerdos mediante el diálogo y la discusión.

Hoy sigue activa la Mesa de Diálogo Constructivo por la Educación Superior entre el Gobierno Nacional y los representantes estudiantiles y profesorales; estoy segura que de allí saldrán buenas noticias para el país. De la misma forma, recordemos que el pasado mes de octubre, el presidente de la República se comprometió con los rectores de las universidades estatales a que durante este período de gobierno las transferencias de la Nación para funcionamiento de las universidades crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022; y que a partir del año 2019 el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016, y 1.2 billones de regalías, todo ello para el fortalecimiento de la educación superior pública.

Es importante tener en cuenta que todos los acuerdos con el Gobierno son transitorios y para que se conviertan en decisiones permanentes del Estado deben transformarse en leyes de la República. Así, uno de los objetivos de la Comisión Accidental del Congreso será el de convertir en ley dichos acuerdos.   

Lamentablemente, debemos señalar que el movimiento estudiantil y la búsqueda de sus objetivos han sido siempre lastimados por los múltiples actos de violencia provocados por grupos ajenos a la academia, cuyos propósitos no defienden los intereses de la comunidad universitaria y del país. Las pedreas, los bloqueos a edificios universitarios, el daño a los bienes públicos y la propiedad privada o la violencia contra las personas solo generan barreras para el diálogo, eliminan la deliberación de la comunidad universitaria, provocan desconfianza en la sociedad, rompen con la calidad de la comunicación que ha de fortalecer la convivencia e impulsan más actos de violencia. Igualmente, los campamentos dentro de las universidades  aíslan a quienes participan en ellos, siendo caldo de cultivo para los actos de violencia que a su vez prolongan la cultura de guerra que queremos superar en nuestro país, y que vengan de donde vengan, son reprochables y deben ser denunciados y sancionados contundentemente.

Desde nuestras comunidades universitarias es indispensable proponer una nueva visión de la educación nacional que erradique los medios violentos que supuestamente reivindican la lucha por la educación pública. Debemos empoderar, más bien, a los estudiantes, los padres de familia y los profesores en una reforma ambiciosa, humanista, cultural y estructural de la educación superior en Colombia. Las actuales movilizaciones nos han mostrado, con más aciertos que desaciertos, que la formación integral en actitudes ciudadanas, éticas y sociales, además de las necesarias aptitudes cognitivas de cada profesión, son la gran tarea que debe asumir con toda seriedad la universidad colombiana.

Pensar la educación no es solo una tarea para el Gobierno, al que le pedimos financiación adecuada, es una tarea para todos los sectores sociales, pues revisar qué tipo de educación queremos y necesitamos como país, es ponernos como meta una nueva sociedad: moderna, pacífica, incluyente, creativa, con bienestar y dignidad.

Todos lo sabemos, la corrupción es el peor flagelo de la sociedad, es el combustible del crimen en sus infinitas expresiones. Esta corrupción que crece día a día en el país solo se erradicará con educación, pero no con cualquier tipo de educación, solo con aquella que ve en la formación integral una tarea del individuo para toda la vida, una formación en donde las personas construyen su libertad y su autonomía a partir de las vivencias colectivas enriquecidas por el arte, las ciencias y las humanidades.

Hoy las comunidades universitarias deben asumir su gran responsabilidad ante el país, reflexionar, llamar la atención y proponer modelos de educación. Pero también, tienen la responsabilidad de que la actividad académica y de investigación de las universidades se mantenga vigente y en permanente desarrollo. A nadie le sirve que las universidades estén cerradas, debemos continuar nuestras cátedras, que la investigación y el trabajo con las comunidades prosiga, porque son deberes que tenemos con nuestra sociedad y con los estudiantes que esperan su ingreso a la universidad. Flaco favor se le hace a la reflexión y la deliberación sobre nuestro futuro como país si la conciencia de la sociedad —la universidad— no se puede mantener abierta, en clase, investigando y buscando soluciones de manera permanente.   

Para el caso de la Universidad Nacional de Colombia estamos seguros de que podemos terminar con éxito el semestre académico 2018-2, empleando tiempo de los tres primeros meses de 2019. También, aseguraremos la calidad de la formación en cada uno de los semestres correspondientes a 2019 que terminarán actividades el 20 de diciembre del próximo año.

* Rectora.

@DollyMontoyaUN

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