Por: Augusto Trujillo Muñoz

¿Fracaso o falsificación?

El gobernador del Atlántico –como otros de la costa Caribe y no pocos del resto del país- insiste en que el proceso descentralizador que se viene cumpliendo en Colombia no ha servido para descentralizar.

El gobernador sostiene que es necesaria una reestructuración del estado sobre la base de las regiones, como lo establecen los artículos 306 y 307 de la constitución. Aclara que no se trata de una posición contra el gobierno, sino contra el modelo de estado y, en ese marco, está promoviendo un “voto contra el centralismo” en las elecciones de octubre. Así mismo quisiera que éste tuviera un contenido, jurídicamente, vinculante.

Tiene razón el gobernador. Unas normas constitucionales descentralizadoras se han quedado escritas. Otras han sido desarrolladas con leyes recentralizadoras. Y en medio de esa tensión hay quienes se atreven a hablar del fracaso del proceso descentralizador.
 
El debate ha girado en torno un sofisma que confunde descentralización con autonomía y privilegia la unidad política sobre la autonomía territorial, en lugar de equilibrarlas. Los desarrollos legales desvirtúan ese equilibrio que quiso la constitución. El derecho legislado tiene, pues, una gran responsabilidad, pero el derecho jurisprudencial también.

No sólo el congreso –con el voto de los representantes de las regiones- ha dictado leyes restrictivas para desarrollar normas superiores progresistas, sino que la corte las ha declarado exequibles. Aparte de unos cuantos salvamentos de voto, la jurisprudencia constitucional ha sido sumamente conservadora en materia de organización territorial.

Por desgracia, el eje del nudo gordiano se encuentra en la misma constitución. Su artículo 306 no va más allá de diseñar unos “nuevos Corpes” y el 307 consagra lo que alguien llamó “una carrera de obstáculos”. Hay una evidente contradicción entre la realidad política regional colombiana y su diseño jurídico constitucional.

Estamos a años luz de lograr que una expresión política regional de autonomía, tenga efectos vinculantes. Ello es imposible con la actual constitución. La autonomía que sí aparece dibujada constitucionalmente es la autonomía local. Ojalá los gobernadores insistieran más en la necesidad de municipalizar el país que en la de regionalizarlo.

Hemos llegado a un curioso punto en que la vida comarcana exige más instituciones que recursos. Medio país acusa un vacío institucional que es el mejor aliado del conflicto. La autonomía local permite construir, de abajo hacia arriba, un nuevo modelo de estado, con alto grado de legitimidad. Allí podría estar la diferencia entre la paz y la guerra.

Mientras Colombia tiene mil cien municipios, Francia tiene cerca de treinta mil y España más de diez mil. Pero la municipalización, en Colombia, también es imposible si no se adoptan regímenes locales diferentes, según su contexto respectivo. No puede aplicarse el mismo régimen  a Manizales y a Leticia o a Uribia y a Túquerres.

Sólo así se le abre camino a la autonomía territorial que consagra la constitución. De lo contrario el proceso descentralizador va a colapsar, no porque no sirva, sino víctima de su falsificación en la política, en las leyes y en la jurisprudencia. No hay derecho. 

*Ex senador, profesor universitario

[email protected]

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Augusto Trujillo Muñoz

Los enemigos de la democracia

La reforma: ¿tragedia o falacia?

La globalización del odio

Una reforma confiscatoria

El consenso en la política