“Fracking”: economía, ambiente y política

Colombia tiene grandes reservas de gas y petróleo extraíbles con fracking, pero que esta técnica haya sido importante en lo geopolítico y temporalmente viable desde el punto de vista económico para EE. UU. no significa que sea necesaria y rentable para nuestro país. La tecnología y los equipos empleados son estadounidenses y se deben comprar haciendo transferencias al exterior, esto ya reduce el valor agregado para Colombia. Además, si la extracción la realiza una empresa extranjera, las utilidades también se exportan. En suma, menos réditos para la economía nacional.

Para entender el porqué del fracking, hagamos historia. En EE. UU. algunos temas separan a demócratas y republicanos; otros, considerados asuntos de Estado, los unen. Geopolítica y autonomía energética son puntos de convergencia y el fracking responde a estos propósitos.

En 2005, durante la presidencia del republicano George W. Bush (2001-2009), se aprobó la ley de política energética, que dio vía libre al fracking, eliminando muchos controles ambientales para las empresas que lo practicaran. Se permitió el uso de productos químicos para sacar gas y petróleo y se les eximió de cumplir las leyes de aire limpio, agua potable y responsabilidad medioambiental.

En el período 2009-2017, del presidente demócrata Barack Obama, se apoyó la extracción comercial con fracking y EE. UU. duplicó la producción de petróleo, pasando de ser el principal importador a ser el principal productor mundial. Esta rápida expansión, con pocos controles ambientales, produjo en algunos lugares contaminación atmosférica, sonora y de acuíferos, e incrementó la actividad sísmica. En 2014 Arabia Saudita inició una guerra de precios para sacar el fracking del mercado, llevando a algunas empresas norteamericanas a la quiebra. Sin embargo, la producción de petróleo y gas con esta técnica se mantuvo y obtuvo beneficios y subsidios gubernamentales en EE. UU. En 2015, ante impactos ambientales y presión social, el gobierno de Obama ajustó la legislación ambiental para regular el fracking.

En el período 2017-2021, del republicano Donald Trump, disminuyeron las exigencias ambientales y, en 2019, con uso intensivo del fracking, EE. UU. se autoabasteció y se convirtió en exportador de gas y petróleo. Dado que la contratación de técnicos especializados, equipos y tecnología se realizó con proveedores nacionales, esto significó un incremento de empleo y actividad económica en algunos estados de EE. UU. Sin embargo, según B. McLean (The New York Times), en los últimos cinco años han quebrado 215 empresas y desde 2019 el boom financiero del fracking está desapareciendo.

En 2021 inicia un nuevo período con dominio demócrata. Durante la campaña electoral, Trump enarboló las banderas del fracking y Joe Biden anunció que no lo suspendería y que el gas sería una fuente energética de transición hacia las energías renovables y limpias. Ahora, EE. UU. le apuesta a la autonomía energética con fuentes renovables. A los retos financieros y los negativos efectos ambientales del fracking se suman el regreso de ese país al Acuerdo de París y el compromiso de descarbonización.

En Colombia, el fracking carece de licencia social, tiene oposición política por impactos ambientales, hay discusiones jurídicas y exigencias legales, incertidumbre económica e inseguridad por conflictos armados, aspectos que sumados generan muy baja probabilidad para su uso exitoso. Quizá por esto, solo Ecopetrol se anotó para adelantar el proyecto piloto de investigación integral.

El contexto nos señala que la prioridad debe estar en el desarrollo de energías renovables alternativas, dejando de lado el fracking por sus costos y efectos ambientales y porque en el mediano plazo habrá disminución en el uso y precio de los hidrocarburos.