“Fracking” piloto, sin divisas

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En el contexto de la crisis generada por el COVID-19, cuando las Naciones Unidas, la Unión Europea y la banca multilateral proponen una recuperación económica reverdecida, los avances en el proceso regulatorio colombiano para los proyectos piloto de investigación integral (PPII), mencionados por el ministro de Minas y Energía en entrevista con Portafolio (07/07/2020) y en la entrevista al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicada en El Espectador (10/07/2020), titulada “El fracking puede ser un factor crítico en la recuperación”, han avivado la discusión sobre el fracking en Colombia.

Como miembro de la Comisión Interdisciplinaria que recomendó los PPII para evaluar la pertinencia o no del fracking comercial en Colombia (marzo de 2019), pero no a nombre de ella, pues la Comisión fue disuelta hace más de un año, considero ineludible referirme al tema.

Por razones jurídicas, veo poco factible que se inicien pronto los PPII. El Consejo de Estado estudia una demanda contra las normas que reglamentan el fracking comercial, un desacato a medida cautelar y una demanda de nulidad en contra del Decreto 328 (febrero de 2020) por medio del cual el Gobierno fijó los lineamientos para adelantar los PPII (El Tiempo, 15/07/2020, y El Espectador, 16/07/2020), y aún no se ha manifestado sobre el estudio que solicitó a la Universidad Nacional, estudio dividido en dos conceptos: uno que dice no al fracking y otro que dice que se deben adelantar los PPII. El fracking aún tiene un largo camino jurídico por recorrer.

La Comisión recomendó al Gobierno nacional un proceso en tres etapas para tomar una determinación sobre fracking. Una previa a los PPII, otra durante su ejecución y una tercera de análisis de los PPII. Para superar la etapa uno, en la que estamos, propuso como requisitos: cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; divulgar toda la información disponible e identificar carencias de información en ecosistemas, hidrogeología, sismicidad; identificar y divulgar la tecnología que se propone utilizar para los PPII; acordar el manejo de riesgos en salud con pobladores cercanos a los PPII; identificar necesidades de capacidad institucional para hacer seguimiento a los PPII; ajustar la regulación para selección, uso y seguimiento de tecnologías de mínimo impacto; construir una línea de base social y ambiental; identificar necesidades de capacitación de personal local para participar en las actividades de PPII, y acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana a los PPII. En algunos temas se ha avanzado, pero en otros falta mucho.

Si se cumplen rigurosamente las tres etapas propuestas por el Comisión, aún faltan años para que lleguemos a la etapa tres, cuando deben ser analizados los resultados de la investigación integral y, observando el principio de precaución, definir si el país está listo o no para avanzar con la producción comercial. Si se decide que sí, solo un tiempo después de tomada la decisión el petróleo extraído usando fracking podría generar divisas. Por eso, asociar el fracking como fuente de divisas para la recuperación económica en los próximos dos años no es realista.

Además, la incertidumbre del mercado petrolero con tendencia al aumento en la oferta y bajos precios no genera incentivos para investigar sobre el fracking. La Unión Europea y otros países están dando pasos firmes para ser neutrales en carbono y esto hace incierto el futuro del fracking.

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