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El pasado 25 de noviembre, el Foro Nacional Ambiental adelantó un interesante debate para revisar en qué va el compromiso del Gobierno de Colombia de seguir la recomendación de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (abril de 2019) para evaluar la pertinencia o no de usar el fracking en la extracción de petróleo y gas en Colombia.
La recomendación de la Comisión fue inesperada, pues no dejó contento a ninguno de los extremos (mayo de 2019). Los que quieren el fracking y lo consideran la salvación esperaban un sí, y quienes lo detestan por considerarlo el diablo esperaban un no. La Comisión no dijo sí ni no; ni con dios ni con el diablo. Lo que propusimos —pues yo fui miembro de la Comisión— fue adelantar unos proyectos piloto de investigación integral (PPII) para luego, con criterio y buena información, hacer una evaluación con participación de diversos actores y tomar una decisión. Esto no sintoniza en un país polarizado, donde, para muchos, una decisión basada en el conocimiento está descartada. La propuesta no dejó satisfechos a los hinchas de Millonarios ni a los de Santa Fe, pues el hincha seguirá apoyando y gritando lo mismo.
Hubo múltiples interpretaciones de la recomendación. Para unos fue una moratoria, para otros fue abrir la puerta al fracking, algunos la descalificaron sin siquiera haber leído el documento. El foro de la semana pasada demostró que la confrontación y los desacuerdos persisten, pero también que se puede dialogar de forma serena e ilustrada.
La Comisión recomendó tres etapas asociadas a los PPII. Una, previa, en cuyos avances y limitaciones se centró el foro, en la cual se deben satisfacer ocho condiciones: 1. Ley de transparencia y acceso a la información pública: divulgar todos los datos disponibles e identificar carencias de información. 2. Identificar y divulgar la tecnología que se propone utilizar para los PPII. 3. Identificar necesidades de capacidad institucional para hacer seguimiento a los PPII. 4. Identificar necesidades de capacitación de personal local para participar en las actividades de los PPII. 5. Acordar mecanismos de participación y veeduría ciudadana a los PPII. 6. Acordar manejo de riesgos para la salud con pobladores cercanos a los PPII. 7. Ajustar la regulación para adelantar los PPII. 8. Construir una línea base social (salud, economía, uso de recursos naturales) y ambiental (ecosistemas terrestres y acuáticos, hidrología y sismicidad).
Etapa dos, en la cual se adelantan los PPII y simultáneamente se revisan, gestionan y complementan aspectos técnicos, sociales e institucionales y se trabaja en la licencia social.
Etapa tres, donde se realiza la evaluación integral (social, económica y ambiental) con participación de universidades y pares académicos y se define si es conveniente o no realizar la explotación comercial de gas y petróleo usando la técnica del fracking.
El viceministro de Energía, Miguel Lotero, abrió el foro ratificando el compromiso del Gobierno de seguir la recomendación y avanzar en la etapa uno. Los panelistas mostraron avances en ciertos temas y atraso en otros. Es evidente que hace falta un largo camino por recorrer y es necesario crear un canal de comunicación para informar en qué va cada tema. Esto facilita la participación de la comunidad local y de grupos de interés. El diálogo está abierto y el proceso debe generar un nuevo proceder en la relación Gobierno-comunidad-empresas.