Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Fragilidad democrática

La Constitución exhibe cierta infalibilidad. Una suerte de crudeza en sus costuras, una solemnidad que rodea sus mandatos y sus maneras, un decoro que sugiere consideración igual para todos. De eso se trata lo que llamamos democracia: la credibilidad en un amparo común, una especie de comunión cívica, la confianza en un nudo que otros tramaron. Pero la letra es frágil, los humanos leen según sus gustos, el miedo impone urgencias distintas y las formas siempre pueden esperar. Además, en las cabezas menos dotadas del reino “las virtudes crecen salvajemente”.

Desde el primer discurso comenzó a notarse. El hombre del Gobierno en el Congreso se inauguró con una arenga iracunda, una advertencia, una venganza, una admonición. Siempre son peligrosas las intenciones de quienes saben que tienen una primera y última oportunidad. De modo que si no puede convencer con sus argumentos, el jefe del parlamento esconde dos artículos que no le gustan de una ley o retrasa su firma temblorosa de escolar que sabe convertida en contraseña indispensable.

Luego, un fiscal señalado por la opinión pública decide defenderse con las herramientas del político intrigante que ha sido siempre. Olvida la necesidad del gesto impasible que le otorga su poder sobre los ciudadanos. Nada más peligroso que un fiscal obligado a ser su propio abogado defensor. En el Congreso se despojó de su máscara y acusó a sus contradictores, señaló a sus acusados, repartió el cinismo que solo se le acepta a un discursero inofensivo. No contento con infundir temor, decidió acercarse a un gobierno desvalido, servirle de filo a un presidente demasiado blando. Ahora no se contenta con las leyes que acompañan su tarea de acusar, quiere más penas para todos. O al menos mayores amenazas.

En las calles, la Constitución puede ser un simple libro pirata, una cartilla no tan magna para una tarea escolar, incluso puede ser vista como “la bicha esa”, según la expresión de un vecino que después de muerto todavía infunde temores y mueve electores. El Código de Policía puede resultar por encima de la Constitución. Porque así lo han decidido quienes tienen la pistola al cinto y las esposas a la mano. Ahora no hay amparo garantizado: el capricho, el resentimiento y los prejuicios dictan quién tiene derechos y quién debe someterse. El más humilde operario de la democracia termina imponiendo sus reglas no escritas. Los derechos quedan limitados a las ventanillas de quejas, a la suerte de un privilegio, a la resignación del pronto pago o la noche en custodia. El Gobierno autista o cómplice no dice nada frente al abuso de su fuerza, parece que también les teme a sus policías, o comparte algo de su resentimiento y su furia.

En las pantallas oficiales también se ven algunas señales no gratas. Un funcionario de tercera decide defender al soberano más allá de sus facultades. No le gustan las críticas a una ley, solo concibe el canal de la obsecuencia y exige el destierro de las dos de la mañana para las palabras del ingrato que no quiere comer en la mano del amo. Parece que el presidente tiene demasiados defensores de oficio, inspira una cierta necesidad de cuidado.

También la confusión atenta contra las certezas democráticas. Cuando el jefe de Estado tiene jefe las cosas se complican. Se cantan decisiones antes de que la instancia definitiva haga la seña indicada, el presidente se retracta en alocución severa y la audiencia se confunde. Los ministros no entienden, el Congreso no copia, los funcionarios tiemblan frente a las llamadas del poder tras del trono, los países aliados se conduelen.

No sabemos cuánta fragilidad puede suponer un atril presidencial que cojea, un Gobierno que no mira al frente sino abajo y deja ver el temor que le inspira la altura de sus ocho meses de ejercicio.

 

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