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En pocos días seguirá su curso en el Congreso de la República el proyecto de ley de las TIC. A finales del año pasado su tránsito tuvo dos escollos: la injerencia del Gobierno en el manejo de la televisión pública y la sostenibilidad de los canales regionales.
El tema de los canales regionales, al parecer, estaría ya bajo control, gracias a la promesa de un incremento en sus gastos de funcionamiento. En cuanto a la independencia de la televisión pública, el tema difícilmente se resolverá de fondo. Desde el establecimiento de la televisión en Colombia, todos los gobiernos, en mayor o menor grado, han controlado este medio, incluso cuando —en virtud de una norma constitucional derogada en 2011— su regulación y control estuvieron en cabeza de un organismo autónomo e independiente del poder Ejecutivo.
La algarabía mediática alrededor de estos dos asuntos opacó cuestiones más trascendentales para el futuro de las TIC, como la contraprestación que recibe el Estado por el uso de las frecuencias radioeléctricas.
En la legislación actual se consagra un principio económico elemental: el precio de un bien está en función de su escasez. Así, si varios operadores están interesados en unas frecuencias, para definir quién será el adjudicatario se utilizan mecanismos como la subasta —con restricción a la participación de los operadores establecidos—, con lo cual se maximizan los ingresos del Estado y se garantiza el acceso plural a ese recurso.
El proyecto de ley de las TIC introduce un cambio en virtud del cual el mejor postor ya no sería el que pague más sino el que asegure la “maximización del bienestar social”. Se supone que, si los operadores le pagan menos al Estado por el uso de las frecuencias, podrían hacer más inversiones para aumentar la cobertura de los servicios. Sin embargo, esta alternativa, aparentemente atractiva, puede implicar que el Estado reciba menos dinero como contraprestación por el uso de las frecuencias radioeléctricas.
La trascendencia de este cambio amerita que el asunto sea examinado seriamente en el Congreso de la República. Podría estar en construcción un inmenso detrimento patrimonial para el Estado. El beneficio de los operadores no se traduce necesariamente en bienestar para los consumidores.
@jcgomez_j