Por: Columnista invitado

Frenar el “apetito” nicaragüense en el mar Caribe

Por Ricardo Abello Galvis*

El 15 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) profirió una orden en la que aceptó dos de las cuatro pretensiones presentadas por Colombia en la demanda de reconvención del 17 de noviembre de 2016 en uno de los litigios que nos enfrentan con Nicaragua. Esto constituye un gran logro en la defensa de los intereses de Colombia, y especialmente de los isleños y de la comunidad raizal, en la medida que las partes deberán entrar a defender sus posiciones en el proceso.

Las demandas de reconvención, o contrademandas, se encuentran reguladas por el artículo 80 del Reglamento de la Corte, que establece que este tipo de demandas deben tener un vínculo directo con la demanda principal. En este caso concreto, el tema de la demanda nicaragüense hace referencia a las “Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”. Precisamente por esta exigencia procesal es muy difícil que prospere una solicitud como la que presentó el Estado colombiano.

Ahora bien, las dos pretensiones que fueron aceptadas son, en primer lugar, la relativa a la violación, por parte de Nicaragua, de los derechos de pesca artesanal de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y, en segundo lugar, que las líneas de base trazadas por Nicaragua no son acordes con el derecho internacional.

Veamos de cerca cada una de ellas:

1. La primera hace referencia a que Colombia sostiene que Nicaragua les ha impedido a los pescadores artesanales desarrollar sus actividades históricas de pesca, tal y como las habían desarrollado hasta la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Considero que este argumento es sólido en la medida que este tribunal ya tuvo la oportunidad de referirse a él en el caso relativo a la navegabilidad sobre el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia ha defendido los derechos de este tipo de pescadores a realizar sus actividades de pesca sin importar que se trate de aguas de otro Estado. Es decir, acepta la primacía de los derechos de los individuos en sus espacios tradicionales sobre los derechos de los Estados en esos mismos espacios.

2. La segunda es una pretensión mucho más técnica. Se trata de establecer si las líneas de base nicaragüenses fueron trazadas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el derecho internacional. La importancia de estas líneas es que son el punto de partida para medir los diferentes espacios marítimos a los que cada Estado tiene derecho. La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, así como la jurisprudencia de la CIJ y el derecho consuetudinario establecen, como principio general, que la línea de base es la línea de bajamar; excepcionalmente pueden trazarse líneas de base recta cuando la costa es demasiado accidentada. Ahora bien, en términos generales, los Estados han preferido trazar estas últimas que las de bajamar. Esta tendencia llevó a la Corte a hacer un llamado de atención a los Estados en el caso de Catar contra Baréin y recordar que la línea de bajamar es el principio general.

En su decisión del 19 de noviembre de 2012, la Corte dejó unos espacios sin definir con precisión porque Nicaragua aún no había trazado sus líneas de base, en consecuencia este tribunal le solicitó que las trazara para poder determinar este límite al norte y al sur de las aguas en las que Colombia ejerce sus derechos. Esto en la medida que en ningún caso se están poniendo en riesgo los derechos soberanos de Colombia sobre las islas ni sobre las aguas de cada uno de los estados.

Casi un año después de la sentencia del 2012, Nicaragua hizo públicas sus líneas de base recta. Independientemente de la teoría que se siga, el mapa publicado mostró el “apetito” nicaragüense con relación al trazado. Esto en la medida que no buscó unir los puntos que siguen el curso general de la costa sino que, mediante una interpretación amañada de la sentencia de la Corte, las trazó siguiendo las islas más alejadas de la costa y usando una serie de cayos y elevaciones de bajamar que no pueden ser usados para estos efectos, sino en casos absolutamente excepcionales, como cuando se construye un faro para facilitar la navegación.

En consecuencia, a simple vista era claro que dichas líneas de base recta no eran acordes con el derecho internacional. Ante esta situación, Colombia debía sentar su voz de protesta y qué mejor forma de hacerlo que por vía de una contrademanda, que es el camino directo para que la Corte determine el trazado correcto de las mismas.

Por todo lo anterior, celebro la iniciativa de haber presentado una contrademanda que busca defender los derechos de los habitantes de las islas, así como ajustar el trazado de las líneas de base a la costa centroamericana.

* Profesor de derecho internacional, Universidad del Rosario.

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