Por: Arlene B. Tickner

Frutos sin paz

Entre la guerra a la JEP, el fiasco Santrich, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las Farc y las polémicas órdenes operativas del nuevo comandante del Ejército, en pocos meses Colombia se ha convertido en un caso alarmante de crisis institucional, violación de los derechos humanos y desmoronamiento del Estado de derecho y la paz, luego de haberse perfilado como modelo ante el mundo por la robustez e integralidad del Acuerdo Final.

Esta sorprendente metamorfosis va aminorando la credibilidad colombiana y colmando la paciencia de la comunidad internacional.

A ojos externos, el ocultamiento de pruebas por parte del fiscal saliente, Néstor Humberto Martínez —que supuestamente demuestran la participación de Jesús Santrich en actividades de narcotráfico— sumado a su protagonismo en la defensa de las objeciones del Ejecutivo a la ley estatutaria de la JEP, sugieren un deseo enfermizo por desprestigiar a esta entidad.

Ver más: Silencio cómplice

Más allá de la inocencia o culpabilidad de Santrich —y del hecho irrefutable de que la DEA le tendió una trampa—, este caso se ha convertido en símbolo tanto del aguante de los acuerdos de paz y la promesa de no extradición de los líderes de las Farc, como de la presumida impunidad de la justicia transicional, a la que, vale la pena recordarlo, se han acogido la mayoría de los militares acusados de delitos graves.

A su vez, en un informe de febrero, Human Rights Watch aportó pruebas que vinculan a nueve generales de la cúpula, comenzando por el comandante Nicacio Martínez, con casos de falsos positivos. En seguimiento de ello, el 15 de abril los senadores estadounidenses Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Chris Van Hollen comunicaron al presidente Duque su preocupación de que los altos mandos no han sido procesados por la justicia. Tampoco es gratuito que la asistencia aprobada esta semana por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes esté condicionada al cumplimiento de metas en la lucha antinarcóticos, pero también a los dictámenes de la Corte Constitucional y el Acuerdo Final sobre la erradicación de cultivos.

El más reciente chasco fue el reportaje del New York Times que plantea que la fijación de cuotas de combate y la invitación a “no exigir perfección” en la exactitud de las operaciones militares pueden llevar a un nuevo ciclo de ejecuciones extrajudiciales. Peor que las denuncias presentadas por Nick Casey fueron las difamaciones de la senadora María Fernanda Cabal y de varios otros legisladores del Centro Democrático, incluyendo a Álvaro Uribe, quien insinuó que el periodista estaba al servicio del “narcoterrorismo”.

Ante esto, el senador Leahy acaba de exigirle al Gobierno solicitar pruebas de tan graves acusaciones y denunciar públicamente a Cabal en caso de no ser aportadas. En su lugar, este escribió al New York Times recalcando el carácter “tendencioso” del artículo.

En últimas, el gobierno Duque ha pretendido cosechar los frutos de la paz en el extranjero al tiempo que pisotea su construcción en casa. Sin embargo, cuanto más se evidencia su falta de voluntad política de cumplir con los acuerdos, más difícil será convencer al mundo de lo contrario. Ello comprueba nuevamente que la defensa de la paz pasa por la activa comunicación de lo que está ocurriendo en Colombia y el fortalecimiento de alianzas con diversos “públicos atentos” en el exterior.

También le puede interesar: "¿De Fiscal a a candidato?: Néstor Humberto Martínez y su activismo por un pacto nacional"

 

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2019-05-21T22:00:00-05:00

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