Por: Andreas Forer

ftp://ftp.camara.gov.co/proley/Legislatura%202011%20-%202012/

Tras múltiples anuncios, eventuales apariciones en los medios de comunicación, comentarios previos a su publicación y una creciente expectativa sobre su necesidad… Finalmente, la Fiscal General de la Nación radicó el Proyecto de Ley No. 096 de 2011-C, mediante el cual se reforma la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

El proyecto de reforma contiene 13 artículos que tienen que ver con aspectos del procedimiento, y manejo de los bienes en el proceso, principalmente.


Una vez leído, la sensación, es contradictoria, parece tibio decirlo, pero hay cosas buenas, y cosas por mejorar. Empecemos por lo bueno:


Se prevén las causales de exclusión del procedimiento de justicia y paz, tema que desde el comienzo del proceso ha sido objeto de dudas y controversias, y aunque la jurisprudencia se ha referido al punto, no está de más incluir disposiciones que blinden con mayor ‘seguridad jurídica’ el proceso (ideal tan caro en justicia y paz).


También se cambia el momento en el cual las víctimas pueden solicitar la reparación: ya no sería, como ocurre actualmente, con anterioridad a la sentencia, sino con posterioridad a ella, medida que sin duda, privilegiaría la obtención de condenas sin vulnerar derechos, pues, de igual forma, la reparación se garantizaría, sólo se modificaría la etapa del proceso en la cual puede ser solicitada.


Finalmente, una medida realmente loable: en lugar de cuatro etapas en el procedimiento, se establecen dos. Después de la Versión Libre, vendrían la Formulación Imputación y la nueva “audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos y anuncio del sentido del fallo”. Con este cambio, realmente sería posible agilizar el trámite, hacerlo menos repetitivo y desgastante en comparación a como es hoy, y obtener sentencias.


Hasta aquí, en el supuesto que el proyecto se haga ley, habría una posibilidad real de solucionar problemas del proceso de justicia y paz a los cuales me he referido en otras oportunidades. Sin embargo, también hay iniciativas desconcertantes: en la Exposición de motivos del proyecto, la Fiscalía admite que “La lógica individual de los procesos judiciales y en particular de los procesos penales tiene serias limitaciones para establecer los daños colectivos y satisfacer debidamente el derecho a la reparación colectiva de las comunidades y pueblos afectados por la violencia en Colombia”.


Sin embargo, no propone una iniciativa que contrarreste ese hecho, por el contrario, lo reduce a un problema de competencias, excluyendo a la Fiscalía de la investigación de los daños colectivos, y entregando esa función a Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). De esta forma, mantiene la demostración del daño colectivo en el escenario judicial, hecho que criticó, y entrega una facultad a una entidad que, legalmente, ya no existe, la CNRR, cuya creación fue derogada por la Ley de víctimas.


Algo semejante sucede con la suspensión de los procesos en la justicia ordinaria, mientras la Exposición de motivos se dice que Corte Suprema ha permitido ese trámite a partir de la postulación de los desmovilizados, en el articulado se plantea que sólo es posible, desde la imposición de medida de aseguramiento.


Pero, lo que realmente se echa de menos, es que el proyecto de ley no se refiere a uno de los problemas que hoy sigue generando mayores dolores de cabeza para fiscales, postulados y víctimas: la vigencia de la Ley. Hace poco, en una decisión en el caso de Ramón Isaza, la Corte Suprema reiteró que en Justicia y Paz sólo se investigan conductas cometidas con posteridad al 25 de julio de 2005, salvo que se trate de delitos de ejecución permanente (como la desaparición forzada), de manera que miles de hechos, cometidos por miles de postulados, no estarían dentro del proceso especial. Sin embargo, el problema no es abordado por la iniciativa legislativa…


Celebro que se haya presentado un proyecto que desde hacía mucho tiempo se estaba esperando y, respecto de lo que aún es posible mejorar, puede sembrarse un ambiente de optimismo, si se tiene en cuenta que a lo largo del camino del proyecto en el Congreso, es posible que se añada lo que falta, y que se armonice la iniciativa con otras que, al parecer, próximamente se presentarán, y así, lograr un proceso renovado que al final, consiga el ideal que se propone y que Colombia necesita.


En Twitter: @andreasforer

 

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