Por: Gustavo Gallón

Fuero militar: jugando con candela

Los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos han comenzado a reaccionar, como era previsible, contra el intento gubernamental de retroceder en relación con el fuero militar.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este 5 de marzo, consideró “alarmante que numerosos casos de desaparición forzada continúen siendo conocidos por tribunales militares” y expresó “gran preocupación” por “el proyecto (…) presentado por el Gobierno (…) que expande sustancialmente el ámbito de competencia del fuero militar”.

Su preocupación no va a disminuir con el retiro de esta propuesta por el Gobierno, que pretende proponer a cambio que la justicia militar juzgue los actos de combate y sea la especialista en aplicar el derecho humanitario. En tales condiciones, desapariciones y asesinatos como los de la batalla del Palacio de Justicia, si ocurrieran en el futuro, serían de competencia de la justicia penal militar, ilegítima e increíble.

El Grupo de Trabajo expresó su preocupación también por el proyecto de “marco jurídico para la paz”, que permitiría la renuncia a la persecución penal para graves violaciones de derechos humanos. Eso sería contrario a la Declaración Universal sobre Desaparición Forzada de Personas, a la cual adhirió Colombia, recuerda el Grupo.

Para el Grupo de Trabajo son motivo de gran preocupación “pronunciamientos del Gobierno y de mandos militares que critican y deslegitiman las decisiones de la justicia”, como la descalificación gubernamental del fallo contra el coronel (r) Plazas por las desapariciones en el Palacio de Justicia. El Grupo también hace mención a “los permanentes señalamientos contra los defensores de derechos humanos formulados por funcionarios estatales”, como los expresados para distorsionar la masacre de Mapiripán.

Si bien reconoce el Grupo avances normativos en Colombia, expresa su “extrema preocupación dado que la desaparición forzada continúa siendo una práctica persistente” después de su visita al país en 2005. En efecto, seis defensores de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada en 2011 (dos de ellos, mujeres), además de 49 que fueron asesinados (siete de ellos, mujeres), para un total de 55 defensores que perdieron la vida por violencia sociopolítica el año pasado en el país. ¡Indignante!

El Grupo valora la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Unidad Nacional de Desaparición Forzada en la Fiscalía, pero advierte una “falta de respaldo político desde el más alto nivel a estas entidades, así como la insuficiente destinación de recursos para el cumplimiento de sus funciones”, lo cual evidencia, a su criterio, “una falta de interés en la lucha contra este grave crimen”.

En vez de retroceder sobre el fuero militar, el Gobierno debería desarrollar una política sólida frente a las violaciones de derechos humanos, incluida la desaparición forzada. De lo contrario, la candela con la que está jugando lo quemará no solamente a él, por su renuencia a cumplir con los compromisos internacionales, sino a buena parte de los habitantes de este país.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas.

 

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