Funcionarios

Me cuenta Pablo que, a finales de los 90, tuvo que salir de la zona rural de Codazzi junto con toda su familia. Se arrimaron en una ciudad y él empezó a trabajar como mecánico de carros. Con el tiempo, fue construyendo su vivienda en un barrio popular. Un día llegó del trabajo y le habían cortado el agua. Como se esmeraba por pagar los recibos, así fuera tarde, preguntó a los técnicos de la empresa y le informaron que tenía un proceso por fraude. Se sintió humillado porque todo el barrio se enteró. Revisó recibos, bocatomas, contadores. Cargaba tanta rabia que decidió ir a poner una queja. Como sabía poco de trámites, hizo filas en el acueducto, los juzgados, la Defensoría del Pueblo. Pese a que le informaron que era imposible revertir la multa por fraude, Pablo no se dio por vencido y acabó en la Superintendencia de Servicios Públicos. “Aunque me explicaron que no había nada que hacer”, recuerda, “me quedó doliendo y me trasladé a la Superintendencia y allá me atendió Jorge”.

Jorge, el funcionario que le habló, recomendó que hiciera una acción de nulidad simple y le explicó cómo hacerla. Le regaló un formato y le recomendó comprar el Código de Procedimiento Administrativo. Le dijo que redactara la acción y después se la llevara. Pablo hizo lo que el funcionario le recomendó y presentó el documento. Se sintió contento cuando la empresa se vio forzada a retirar la multa y la acusación de fraude. Pero más contento se puso cuando el funcionario le propuso aprender más sobre sus derechos y los de sus vecinos (“me preguntó si estaba interesado en estudiar servicios públicos domiciliarios, que estaba haciendo un diplomado para aprender eso. Y yo le dije que no tenía el dinero para pagar ninguna universidad y él me dijo que no tenía que pagar”).

Varios en los barrios conformados por familias desplazadas fueron reclutados por aquel funcionario de la Superintendencia, quien dictó el diplomado nocturno con esmero y en su tiempo libre. Les explicó leyes y códigos de servicios. “Así”, narra Pablo, “a los tres meses ya comenzamos a bombardear a las empresas con peticiones y denuncias”. Unos años después ya no tuvo tiempo de trabajar en mecánica, pues dedicaba todo su tiempo a ayudar a vecinos a recuperar sus servicios o pelear deudas injustas. Hoy, como líder barrial, recuerda a Jorge, el funcionario de la Superintendencia que lo ayudó a recobrar su dignidad y le enseñó, a través de unas leyes, un oficio que cambiaría su vida. Pese a que entonces el cambio en las leyes de agua y otros servicios públicos buscó apretar a los usuarios mediante el aumento de tarifas y el desmonte de subsidios, este funcionario encontró la forma de cuidar a las comunidades más vulnerables de la ciudad.

En su trabajo y en su vida, los funcionarios están continuamente divididos entre las políticas y presiones decididas desde el centro o desde gobiernos locales y las realidades más menuditas de los lugares que habitan. La forma en que negocian estas tensiones implica la toma de decisiones complejas sobre implementación de justicia y el bienestar, pese a tantos constreñimientos técnicos, económicos y de básica capacidad institucional. Estas decisiones y pequeñas maniobras de funcionarios del Estado colombiano que buscan construir espacios menos desiguales, de mayor goce para todos, son usualmente ignoradas. En medio de escándalos de corrupción y estereotipos, se pasan por alto hombres y mujeres que conocen su oficio al pie de la letra y se atreven a tomar decisiones polémicas para defender lo que consideran legal y bueno. Encarnan este oficio después de haberlo ejercido durante mucho tiempo y practican una ética cotidiana.

En vísperas de la mayor desmovilización que ha conocido el país, mucho está en manos de estos funcionarios. Mandos medios en defensorías del pueblo, juzgados, secretarías, bienestares familiares. Burócratas de carrera, de provincia y de ciudad. Son ellos también los que deben resguardar el camino que se despeja.