Por: Antieditorial

Funcionarios públicos: no se distraigan en hacer política

Horrible, desastroso que las leyes que rigen nuestro sistema tengan que doblegarse a las malas costumbres de algunos colombianos.

Por Norman Mesa Lopera

El funcionario público —que ya de por sí es un privilegiado de la sociedad— tiene responsabilidades que se le han confiado y recursos para atenderlas, así que es descabellado dar vía libre a su participación activa en proselitismo político.

No puede ser que en Colombia haga carrera el que las leyes deban ajustarse al capricho de quienes las violan frecuentemente, pues con esa premisa estarían tocando la puerta otros malsanos comportamientos, a la espera de su legalización.

Si aun con el actual impedimento de que el funcionario público haga abiertamente política a favor del candidato o partido de sus preferencias, lo hace, ¿por qué pensar que al permitírselo, fijando reglas de juego claras, ese funcionario las va a respetar íntegramente y no ha de abusar de los recursos del Estado para facilitar su tarea proselitista?

No, señores, al funcionario lo queremos ver cumpliendo sus labores. De la logística y promoción de nuevas caras en el escenario público que se encarguen otros.

No puede ser argumento el que se están castigando a funcionarios “sencillos” que se dejan captar por cámaras, pues lo que se estaría desnudando es la incapacidad de los organismos de control de vigilar y sancionar a todos, a los que aparecen en los videos y a los que los envían, y si es así, apague y vámonos.

La elección de autoridades locales, en general, ha sido buena, y tal vez ayudó a madurar la democracia y la participación ciudadana en los destinos de sus entidades territoriales, pero hay que admitir que, al buscar la descentralización de responsabilidades y recursos del Estado, también llevó a la provincia, clientelismo, coimas, asignación de contratos a dedo y otras maneras poco transparentes de poner el Estado al servicio de cacicazgos y agencias políticas que poco o nada positivo le han aportado al progreso de las comunidades.

Por qué no pensar, más bien, en fortalecer las personerías —como delegadas del Ministerio Público en los municipios—, responsabilizando del nombramiento de sus titulares —que ahora mismo corren por cuenta de los Concejos— a la misma Procuraduría General de la Nación. Eso ayudaría a que ejercieran un control de manera más autónoma, y entonces el alcalde, secretario de despacho o cualquier funcionario respetaría más la restricción de combinar acción política con el ejercicio de su cargo.

El Estado —sabemos— es el mayor empleador del país. Hay que lograr que sus organismos de control lleguen a todo el territorio y a todas las entidades para hacer lo que les corresponde. Debemos hacerlos más eficiente y oportunos.

Ojalá no demos el paso de legalizar lo que nos ha parecido inmoral, indecente, inadecuado a la cultura democrática, y más bien construyamos organismos de control más diligentes. De hacer política, que se encarguen quienes no hacen parte de la nómina del Estado colombiano.

 

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