Por: Rodolfo Arango

Gasto público y derechos fundamentales

EN ESTOS DÍAS SE APROBÓ EN EL SEXto de ocho debates legislativos una reforma constitucional que busca elevar la sostenibilidad fiscal a principio constitucional.

Las razones del Gobierno para defender su proyecto son comprensibles: el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza exigen disciplina en la administración de los recursos públicos. Un manejo sano de las finanzas impone no excederse en los gastos y cuidar los ingresos; más ante las perspectivas de bonanza minera y petrolera que pueden llevar al crecimiento incontrolado de voraces demandas para satisfacer necesidades insatisfechas de millones de colombianos. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, teme que los jueces agüen las promisorias perspectivas de prosperidad mediante el reconocimiento de costosas tutelas que abren boquetes a las arcas públicas y nos conducen a todos “por un camino de servidumbre”. A los argumentos económicos se añaden otros democráticos: los responsables del gasto deben ser los poderes elegidos directamente por el pueblo, no jueces “irresponsables”, sin representación popular ni control político de sus decisiones.

La intención del Gobierno no pasa de ser una buena intención que erra los medios para realizarla. De hecho, existe una alta probabilidad de que la reforma constitucional —según las claras y estrictas reglas establecidas en la jurisprudencia— se hunda en la Corte Constitucional. Esto porque ella sustituye la Constitución, al transformar la fórmula política del Estado social de derecho en una de Estado de derecho a secas. Además porque elimina la protección de los derechos sociales por vía de la tutela, como prolijamente lo expuso el representante Alfonso Prada en el Congreso (http://www.youtube.com/watch?v=I5for7fcteY). En el mejor de los casos, la reforma es inocua, ya que ante la colisión entre los principios de sostenibilidad fiscal y de Estado social de derecho los jueces deben hacer prevalecer la protección de los derechos fundamentales, en particular los derechos sociales.

Al debate público sobre un tema aparentemente técnico quisiera añadir dos argumentos más: uno de orden conceptual y otro de política internacional. El primero dice que razones económicas y de conveniencia política, vístanse como se vistan, como “derecho a la sostenibilidad fiscal” o como “principio constitucional”, en un Estado constitucional de derecho, no vencen a los derechos fundamentales. Estos están tan enclavados en el corazón de los ciudadanos y su material normativo es tan resistente, que no pueden ser afectados por razones de conveniencia política, económica o fiscal.

El segundo argumento es más práctico. La reforma constitucional viola obligaciones internacionales del Estado colombiano y puede, paradójicamente, significar el entierro de los TLC con Estados Unidos y con Europa. Se desconoce el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrado en tratados internacionales, cuando un Estado disminuye injustificadamente —y las razones fiscales no son fundamento suficiente— los niveles de garantía de los derechos convencionales alcanzados en el orden interno. De hecho, si se aprueba la reforma constitucional, se terminaría de un plumazo la protección a la población desplazada por el conflicto armado, al no ser ya posible la tutela judicial de sus derechos sociales. Hay mejores maneras de conciliar la economía con el derecho. Pero parece que en el Congreso se impone una visión mayoritaria especialmente sorda al lenguaje de los derechos fundamentales.

 

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