Gasto social inefectivo

El sector social experimenta serios contratiempos. En el índice global de jubilación 2019 Colombia aparece entre las tres naciones con las pensiones más inequitativas. El Gobierno destina cuantiosos recursos para mantener en pie las EPS y solventar las quiebras.

La ley 100 es probablemente la reforma más improvisada de la historia del país. Tanto en las pensiones como en la salud se pretendió impulsar el avance social mediante las privatizaciones de las empresas de servicios sociales. Los sistemas se crearon a cambio de grandes prerrogativas a los intermediarios financieros.

Las empresas de servicios sociales se caracterizan por prestar servicios luego de la realización del pago. Así se configuran pirámides en que los pasivos son superiores a los activos. Las empresas que tienen alto crecimiento de los afiliados reciben mayores ingresos que egresos. En unos casos los excedentes o rentas son apropiados por los intermediarios y en otras se trasladan a los usuarios.

El caso más ilustrativo es el de las EPS. Las empresas convirtieron el excedente de las pirámides en enormes deudas con los hospitales que les permiten mejorar los servicios y atraer los clientes. Se esperaba que las deudas se postergaran indefinidamente y se cubrieran con el desbalance del activo. Sin embargo, el resultado solo se presenta en las empresas que incrementan los afiliados. Se genera una competencia monopolística en que unas empresas obtienen grandes ganancias, y otras experimentan pérdidas, que se trasladan al Gobierno en la forma de quiebras o subsidios.

La situación de las pensiones es más grave. La diferencia entre la prestación del servicio y el pago es mucho mayor. En el sistema de capitalización los Fondos Privados de Pensiones (AFP) se apropian de las rentas mediante elevados márgenes de operación y las trasladan a los usuarios en forma proporcional al monto de las pensiones. Por su parte, Colpensiones por medio de la modalidad de prima media la transfiere a los usuarios del sistema con pensiones que doblan las cotizaciones y significan una cuantiosa erogación fiscal.

La ley 100 fue el intento de adelantar las políticas sociales con estímulos al capital. Ni más ni menos, se dio rienda suelta para que las empresas montaran pirámides y las explotaran a su discreción. El resultado ha sido grandes retornos para el capital y subsidios que recaen en los sectores de mayores ingresos. Luego de 25 años, se advierte que la focalización del gasto público que debería ser uno de los mecanismos centrales para reducir las desigualdades tiene un efecto marginal. El 40 % más pobre solo recibe el 15 % de la factura tributaria.

Todo el mundo reconoce que el sistema de salud y pensiones no cumplen su objetivo central de reducir las desigualdades. Sin embargo, no se ha hecho nada para modificarlo. Las rectificaciones no guardan relación con los daños. La inconsistencia de las EPS se resuelve entregándoles más recursos y la inequidad de las pensiones fortaleciendo el sistema privado. Lo que se plantea es un cambio drástico de concepción económica. No se puede esperar que la política social sea focalizada por estímulos de mercado.

Tanto los fondos privados de pensiones (AFP) como Colpensiones deben ser materia de mayor intervención y regulación estatal. En Colpensiones es necesario limitar la prima media a los salarios cercanos al mínimo y en el sistema de capitalización establecer salarios de reposición menores para los afiliados de altos ingresos. En lo que respecta a la salud, la intermediación no puede dejarse al arbitrio del poder monopólico de las EPS; se requiere la presencia creciente del Gobierno.