Por: Juan Carlos Gómez

La subasta de 20 años

El crecimiento exponencial de los servicios y contenidos que se transmiten a través de las redes móviles obliga necesariamente a ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, efecto para el cual el Ministerio de las TIC tiene previsto asignar, en diciembre del presente año, las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz.

La asignación de esas frecuencias debe efectuarse mediante un proceso de subasta, cuyas reglas está terminando de definir ese ministerio con la participación de los interesados, principalmente los tres operadores móviles más grandes: Claro, Movistar y Tigo.

Tal como sucedió en la subasta del año 2012, una de las cuestiones más controversiales es el tratamiento diferencial que se le debería dar a Claro, dado su poder en el mercado. Antes de la subasta el Gobierno y la Comisión de Regulación de Comunicaciones no tomarán una decisión sobre la dominancia de este operador en el mercado de datos, lo cual puede acentuar aun más el poder de este operador.

Con referencia a la subasta que se realizó hace seis años, esta tiene varias particularidades. En primer lugar, el ministerio se niega a revelar el precio base, con el argumento de que de esa forma se incentiva una mayor puja, lo cual no es necesariamente cierto y más bien podría ser un aliciente para que los interesados se peguen a la franja más baja de precio, en perjuicio de los recursos públicos. En segundo lugar, no existe la expectativa de que participen operadores distintos a los ya establecidos, lo cual implica que no cambiarán sustancialmente las actuales condiciones de mercado, en lo bueno y en lo malo.

Esta subasta es la primera oportunidad que tienen los operadores de telecomunicaciones para disfrutar los inmensos beneficios que les otorgó la reciente Ley de TIC: los permisos tendrán una duración de veinte años y los operadores podrán pagar en especie (obligaciones de hacer) el precio de la subasta, hasta en un 60 %. En el trámite de dicha ley esos beneficios se hicieron ver como una forma de incentivar la inversión privada y la masificación de los servicios. Sin embargo, esos objetivos se hubieran podido lograr por otros medios, sin amarrar por veinte años la política de telecomunicaciones en Colombia.

@jcgomez_j

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2019-10-20T21:00:42-05:00

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2019-10-20T21:15:01-05:00

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