Por: Fernando Carrillo Flórez

Generación constituyente

BIEN SE HA DICHO QUE EL SIGLO XX terminó en 1989. Los acontecimientos ocurridos hace dos décadas tanto a nivel global como local señalaron la identidad de una generación cuyas pautas de actuación pública tuvieron nuevos puntos de referencia.

La caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, el estudiante chino frente a los tanques de Tiananmen, los gritos de ciudadanía de las nuevas generaciones en las plazas de Europa del Este y en general la derrota definitiva del comunismo son hitos que marcan la historia de una generación.

En Colombia, el magnicidio de Luis Carlos Galán y la sangrienta campaña electoral de comienzos de los noventa, desencadenan una serie de acciones lideradas por la generación de la séptima papeleta o de la Constituyente. Arrancó con la marcha de decenas de miles de estudiantes a la tumba de Galán el 25 de agosto —conocida como la Marcha del Silencio—, las mesas de trabajo en las universidades, la propuesta estudiantil de reforma constitucional, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la victoria de César Gaviria y el proceso constituyente que logra la promulgación de la Constitución de 1991.

Esta primera generación de la globalización política protagonizó el más grande consenso político que se ha dado en nuestra historia reciente, tal vez irrepetible en el corto plazo. Una generación que presencia el mayor surgimiento democrático de la historia y el fin de las justificaciones políticas de la violencia, que en lo local implica el rechazo absoluto a la media docena de violencias hoy aglutinadas alrededor del crimen organizado y el terrorismo. Que no confunde las elecciones con la democracia y pone al Estado democrático de Derecho como la premisa fundamental del desarrollo económico y social. Que cree que los frenos y contrapesos del sistema no son un impedimento para gobernar sino la base de la responsabilidad pública y la rendición de cuentas.

Que recupera para el Estado su capacidad de acción frente a sus responsabilidades básicas, entre ellas, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como punto de partida para derrotar el terrorismo. Que cuestiona la preponderancia de un poder ejecutivo ilimitado y del autoritarismo como herramienta de manejo económico al tiempo que concibe la lucha contra la desigualdad no como un desafío técnico sino como un gran reto político ajeno al populismo y a la demagogia.

Que cree en legislaturas y partidos políticos fuertes, poderes judiciales independientes y órganos de fiscalización eficaces. Una generación dispuesta a jugársela por la cultura de los derechos que ha hecho carrera en Colombia en estas dos últimas décadas bajo la guardia de una Corte Constitucional que debe continuar como un modelo que rebasa fronteras.

Veinte años después, vale preguntarse si el compromiso de la generación que nació frente a la tumba de Galán hoy se materializa en el cumplimiento y el desarrollo del espíritu de la Constitución del 91. Será la única forma de evitar que termine en el cementerio de Constituciones latinoamericanas donde yacen ya más de 300 cartas políticas sin vocación de permanencia. Sin contar con la cuota de populismo constitucional que se propaga sin control por nuestra región en el último lustro.

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