Por: María Elvira Samper

Generosos con la guerra, tacaños con la paz

Si es cierto —como se ha dicho— que el factor que determinó la escogencia de Bruce Mac Master como presidente de la Andi fue su experiencia en el campo de la responsabilidad social, la pregunta es si eso significa que el más poderos gremio empresarial (sus afiliados representan el 45% del PIB nacional) ha entendido que se requiere un cambio de enfoque, menos economicista y más social, del desarrollo y que en el horizonte de un posible acuerdo con las Farc estarían dispuestos a un mayor compromiso con las necesarias reformas que se derivarían del mismo. Al fin y al cabo, Mac Master viene de un gobierno que le apuesta a la paz y su elección no parece ajena a ello.

Industriales y empresarios no pueden ignorar, entonces, que si Gobierno y Farc firman un acuerdo para poner fin al conflicto, ellos estarían entre los grandes beneficiados. Según varios estudios, el fin de la guerra podría significar, entre muchos factores positivos, menos gastos en seguridad, más inversión y un crecimiento adicional de entre 1% y 2% del PIB. No obstante los posibles beneficios y el hecho de que nunca como en esta ocasión se ha llegado tan lejos en una mesa de diálogo con las Farc, la realidad es que la mayoría del empresariado ha pasado de agache y no parece estar de acuerdo con las conversaciones de La Habana. La honrosa excepción es el Grupo Empresarial Antioqueño, que en abril hizo público su apoyo al proceso de paz. La participación del presidente saliente de la Andi, Luis Carlos Villegas, en el equipo negociador del Gobierno —participación que fue avalada por la junta nacional del gremio— no se ha traducido en respaldo de los afiliados al proceso.

La desconfianza de los empresarios es muy grande. Se ha hecho evidente en foros y encuestas. Por ejemplo, una reciente encuesta de la firma Invamer-Gallup publicada por la revista Dinero (edición 432) indica que cerca del 80% de los empresarios encuestados cree que no habrá acuerdo entre Gobierno y Farc antes de las elecciones. Pero esto no es lo más preocupante, sino que en caso de que lo haya, del 75% que piensa que el posconflicto va a ser financiado por el Gobierno con nuevos impuestos, solo cuatro de diez están dispuestos a pagarlos, y solo el 37% consideraría la posibilidad de emplear desmovilizados.

Sorprende y alarma que cuando otros gobiernos crearon nuevos tributos para financiar la guerra (los Bonos para la Seguridad de Samper, los de Solidaridad de Pastrana, uno especial por una sola vez del primer gobierno de Uribe y otros del segundo), industriales y empresarios los pagaron gustosos y sin chistar, pero a la hora de pensar en aportar para la paz les rasque el codo.

El Gobierno es consciente del problema. De ahí el reciente llamado que les hizo a los empresarios Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno, para que apoyen el proceso de paz y se comprometan en la etapa del posconflicto. “En la reinserción hay un espacio enorme para los empresarios —dijo—, y más que el empleo para los reinsertados, se trata de la creatividad e innovación”.

Si las conversaciones de La Habana llegan a un final feliz, será apenas el de una primera etapa. De ahí en adelante comienza lo más difícil, la transición de la guerra a la paz, el paso a la vida civil de los desmovilizados. Una etapa que requiere del concurso de toda la sociedad y en especial del empresariado.

Bruce Mac Master enfrenta un doble reto a la cabeza de la Andi. Uno de ellos es el de concitar el apoyo y el compromiso de sus afiliados en la construcción de una paz duradera y estable. Convencerlos de que si fueron generosos para financiar la guerra, deben serlo también si llega la hora de la paz.

 

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