Por: Germán I. Andrade *

Gerencia de la legitimidad: reto para la gran minería

FLACO SERVICIO PARA LA GRAN MINERÍA la celebración de un evento que hace suyos y únicos voceros para los temas sociales y ambientales a comentaristas y emprendedores que no representan el sentir ciudadano. Porque la crisis de la gran minería es de falta de “licencia social”, concepto promovido por la International Finance Corporation.

El no entendimiento, la ignorancia o el desprecio de esta dimensión ha llevado a este sector a una encrucijada, en la que sólo puede abrirse paso con un cambio en el discurso y una revisión de las tácticas. Porque la gente no quiere la minería, no sólo por sus impactos sociales y ambientes, sino porque no está convencida de sus beneficios. Aun si son consumidores conscientes, o sin saberlo, de productos de la cadena de valor del sector extractivo.

Los promotores del desarrollo minero deberían saber que las percepciones no son correctas o incorrectas en lógica racional, sino parte actuante en la realidad. No han incorporado un enfoque de marketing social, controversial por cierto. No parecen empresarios sino —con todo respeto, como se dice ahora— políticos. ¿Pueden imaginarse una empresa que pretenda vender deslegitimando como irracionales a posibles clientes detractores?

Como profesor visitante de ciencias ambientales en la Escuela Superior de Negocios de Lima, he aprendido varias cosas. Hace cuatro años comencé mi cátedra problematizando la gran minería desde la visión de las ciencias y el activismo ambiental. No me faltaban ejemplos, sobre todo del Perú. Rápidamente me di cuenta de que el asunto social y ambiental de la minería tiene dos caras inseparables. Es improcedente centrar un argumento que cuestione la actividad ambiental solamente sobre la base de la evidencia de las ciencias ambientales. Pecado de la educación ambiental, que ha contribuido a engendrar una generación fragmentada entre convencidos y presuntos culpables.

Los estudiantes me enseñaron que es posible argumentar constructivamente sobre los impactos, cuando los beneficios no están en cuestión. O al menos cuando el balance entre costos y beneficios, más que una hipótesis macroeconómica, ha sido debatido en comunidades y regiones. ¡Y no es un asunto de propaganda! Es decir, que no habrá espacio mínimamente armónico para una gran minería si el sector, en vez de centrarse en deslegitimar a sus detractores, se concentra en construir su propia legitimidad. Así, la sociedad podrá sentarse a discutir qué está dispuesta a ganar y a perder. Porque la minería ambientalmente inocua no existe. Existiría, eso sí, una con licencia social, que no se compra ni se vende, sino que es otorgada por la sociedad.

En ella se controlan adecuadamente los impactos ambientales conocidos y se gestiona responsablemente el riesgo frente a los no conocidos o imprevisibles. Con municipios mineros punteros en los indicadores sociales, podríamos pasar a discutir el papel que el macrosistema extractivo puede jugar en la construcción de mejores territorios. Largo camino por recorrer.

 

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