Por: Ernesto Yamhure

Gestiones por los secuestrados

No entiendo por qué hay sectores de la opinión que pretenden restarle importancia a la absoluta responsabilidad de las Farc respecto de los secuestrados. Hay quienes creen que por dejar de enrostrarles sus crímenes ellos van a dejar de cometerlos.

Los críticos del Gobierno han vendido la amañada idea de que éste no ha hecho lo posible para lograr la liberación de los secuestrados. Sin saber mucho de ella, citan la Constitución y se acogen a leyes que no han pasado por sus ojos, para justificar sus rabiosas críticas al régimen. Pero la historia está ahí para que la revisemos con total desprendimiento.

En agosto de 2002, días antes de tomar posesión, el Presidente le solicitó al entonces secretario general de la ONU sus buenos oficios con el fin de crear las condiciones que le abrieran espacio a un proceso de paz, del que dependería el acuerdo humanitario.

Vino entonces la primera modificación de la posición del Gobierno, cuando comprendió que se trataba de asuntos que por su misma naturaleza no exigían una inmodificable concatenación. Entonces se creó la primera comisión de facilitación, de la que hicieron parte sacerdotes y políticos de la oposición como Angelino Garzón.

De cara a la extradición de Simón Trinidad, se planteó la revocatoria de esta orden, siempre y cuando las Farc liberaran a los secuestrados que ellos llaman “canjeables”. Los soberbios hombres de Tirofijo desecharon esta oferta y, a pesar de la frustración, el Gobierno continuó explorando alternativas hasta que surgió la propuesta de España, Francia y Suiza, iniciativa que fue acogida con entusiasmo por el Presidente y por el país. Nuevamente, las Farc no dieron el paso definitivo, argumentando que no habían recibido notificación oficial por parte de los países amigos.

A todas estas, el Gobierno, de manera unilateral, liberó a un importante grupo de guerrilleros presos con el objetivo de generar confianza en las Farc, sin que se hubiera visto un mínimo gesto de reciprocidad por parte de los terroristas, ni siquiera unas pruebas de supervivencia. La buena voluntad se mantuvo hasta el punto de soltar sin contraprestación alguna y por solicitud del presidente Sarkozy al peligroso Rodrigo Granda.

De repente, apareció en la Casa de Nariño la senadora Piedad Córdoba pidiendo que la dejaran facilitar la liberación. Y este gobierno, al que supuestamente le importa un pepino la suerte de los secuestrados, decretó el ingreso de la iracunda congresista, quien al poco tiempo demandó la compañía del presidente Chávez para el éxito de su gestión. Ya vimos cómo este dúo dinámico extralimitó sus funciones mediadoras para satisfacer sus propias ambiciones políticas.

No ha pasado un segundo sin que el Gobierno haya buscado el regreso de los secuestrados a sus hogares. A todos los lagartos que se acercaron por la Presidencia a pedir que los dejaran mediar, se les abrieron las puertas y se les facultó para tal fin. En este propósito ni el Presidente ni el Comisionado de Paz han sido egoístas. Probaron todas las formas posibles y se dieron cuenta de que la figura de los mediadores es inoperante, por cuanto éstos empiezan a ejercer de buena voluntad pero al poco tiempo sus ambiciones personales los encandilan hasta llevarlos al inevitable fracaso.

Vuelvo al principio de esta columna: ¿No será que están equivocados aquellos que dicen que acá no se ha hecho nada por los secuestrados? ¿Por qué hay quienes tienen miedo de señalar con valentía a los sicópatas secuestradores y en vez de eso expelen su ira contra el Gobierno?

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La próxima semana haré algunos comentarios frente a las amenazas paranoicas que esta semana el embajador de las Farc, Dick Emanuelsson, profirió en mi contra, a través de la página de internet de esa banda terrorista.

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