Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Glifosato anticonstitucional e inapropiado

Se ha revivido en el país el debate sobre el uso del glifosato para fumigar las plantaciones de hoja de coca. El uso del glifosato es improcedente jurídicamente e inapropiado en términos sociales, económicos y desde luego ambientales.

La suspensión del uso del glifosato tuvo y tiene razones constitucionales. Se suspendió aplicando el principio de precaución y asumiendo la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano. Esto lo explicó de manera muy clara Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador (mayo 2/ 2015) titulada “Fumigando la razón”. El principio de precaución en Colombia es vinculante.

En marzo 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), que es un órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargado de investigar y clasificar los agentes cancerígenos, incluyó al glifosato como probablemente cancerígeno, señalando que había evidencia limitada. Ésta fue una bomba mediática que generó muy diversas reacciones. De inmediato, la transnacional Monsanto, productora del herbicida, manifestó su desacuerdo con el informe de CIIC.

En mayo 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender la fumigación de los cultivos de coca con glifosato. En junio del 2015, el gobierno francés anunció la prohibición, a partir de enero 2016, de la venta libre de herbicidas que contengan glifosato.

En junio 2016, la Comisión Europea no pudo ratificar la licencia para el uso de productos con glifosato para los próximos 15 años, que era el propósito inicial, pues Francia, Alemania, Italia, Grecia, Luxemburgo, Austria y Portugal se abstuvieron de votar a favor. Al no obtener la mayoría calificada esto paso a investigación por parte de la Agencia Europea de Productos Químicos, la que cuenta con 18 meses para entregar su informe.

Estando vivo el debate, la suspensión del uso del glifosato sigue estando sustentada por razones constitucionales. Sin embargo, la papaya servida por la provocación del fiscal nos debe llevar a dinamizar el debate nacional sobre el control de otros herbicidas tóxicos, no del glifosato, y su impacto sobre la producción de alimentos así como la manera en que afectan la salud humana y el medio ambiente.

El uso del glifosato está íntimamente relacionado con las semillas modificadas que son resistentes a este químico. Lo cual va en detrimento de la defensa y uso de semillas tradicionales. Vale revisar este tema en el contexto del Acuerdo de La Habana donde las partes se comprometen a conservar las semillas nativas y promover su uso para incentivar la producción orgánica y la agroecología.

Se debe incluir la prohibición a corto plazo de todos los usos del glifosato y asegurar que otros químicos tóxicos no reemplacen el cuestionado herbicida. También se deben suspender los cultivos transgénicos. La combinación de transgénicos y pesticidas químicos en los monocultivos genera gran riesgo de destrucción para nuestro patrimonio biodiverso.

A lo anterior se suma la discusión sobre si las fumigaciones son o no efectivas económica y socialmente para erradicar los cultivos de coca y la producción de cocaína. Diversas investigaciones concluyen que no. Esto será motivo de otra columna.

El fiscal propone el uso del glufosinato de amonio, un herbicida de gran impacto que incluso afecta plantas resistentes al glifosato. Hay que evaluarlo antes de usarlo como propone el fiscal.

 

 

 

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