Gobernabilidad, descentralización y nuevos tipos de gobierno (III)

¿Será válido que el fortalecimiento de lo local es el futuro de los iberoamericanos y que ello será decisivo para impulsar los procesos de descentralización, gobernabilidad y paz?

Después de haber presentado las notas introductorias y las conceptualizaciones, hoy me ocuparé de presentar 15 propuestas en torno a la gobernabilidad y la descentralización. Según nuestros preceptos constitucionales vigentes, el fortalecimiento de la descentralización es una de las concreciones básicas de la reforma del Estado que facilita la gobernabilidad en un régimen presidencial como el colombiano.

Las propuestas buscan contribuir a dinamizar nuestro proceso descentralizador, facilitar la gobernabilidad, la institucionalización de nuevos tipos de gobierno y la implementación del proceso de paz. ¿Qué hacer entonces?

1.- Reorganizar y fortalecer las instituciones públicas y privadas, para el diseño de nuevas estrategias, metodologías de planificación y esquemas organizativos, fundamentados en el afianzamiento de valores éticos y culturales que hagan viable una mayor transparencia, justicia y equidad en el acceso a los beneficios del desarrollo sostenible.

2.- Vincular la descentralización –en forma comprensiva– a la modernización del Estado. Según la situación colombiana hoy, no es recomendable desmantelar o reducir el Estado(1) sino, como lo han propuesto serios científicos sociales (L.J. Garay, F. Leal Buitrago, M. Archila, D.I. Restrepo, H. Gómez Buendía, E. González Salas…), modernizarlo, ordenarlo, especializarlo, fortalecerlo, fiscalizarlo y hacerlo eficiente y eficaz.

3.- Fortalecer el Estado tecno-políticamente(2). Es necesario para la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Así mismo, dentro de un régimen presidencialista como el nuestro, es indispensable el fortalecimiento de la Oficina del Presidente(3). Impulsar políticas de Estado, en un régimen y en las condiciones actuales de nuestra Nación, sugiere la conveniencia de coordinar para la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas descentralizadoras: la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Escuela Superior de Administración Pública y el Congreso de la República.

4.- Seguir reestructurando el Ministerio del Interior. Dotándolo de planta de personal y apoyo tecnológico, que le permita ejercer sus funciones como Cancillería de la Política Interna, facilitando el funcionamiento del sistema administrativo del interior (S.A.I.).

5.- Reorganizar las relaciones entre los sectores público y privado. De tal manera, que se establezcan vínculos estructurales entre lo económico, político, social, cultural y ambiental dentro de las condiciones actuales de la globalización. Como ha sostenido Luis Jorge Garay(4): “el proceso del nuevo relacionamiento público-privado ha de abarcar no sólo a los propios agentes productivos –como los empresarios– y los agentes proveedores de conocimiento, tecnología y servicios, sino también al Estado en su calidad de agente social de última instancia con la función de la preservación del interés colectivo”.

“En el caso de un país como Colombia la definición de este nuevo arreglo institucional entre firmas, agremiaciones y entes públicos debe partir de la elaboración colectiva de un diagnóstico sobre la situación competitiva de las actividades productivas frente a las exigencias del proceso de globalización y de sus posibilidades de inserción al mercado internacional. El desafío actual en Colombia reside en avanzar en el desarrollo institucional de la acción privada-colectiva-pública, y a la vez asegurar un ambiente macroeconómico estable y propicio para el fortalecimiento y modernización de la actividad productiva”.

6.- Actualizar la reforma política. Institucionalizando partidos y movimientos políticos modernos; procesos electorales transparentes para la mayoría de la población y una nueva estructura para la financiación de las campañas políticas(5).

7.- Expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica definir la autonomía de los entes territoriales, actualizando la Ley 60 de 1993, la 136 sobre régimen municipal y la normatividad complementaria. Así mismo, consolidar la capacidad fiscal de los municipios y departamentos. En nuestros días, es de gran utilidad concretar el proyecto sobre el nuevo régimen departamental.

8.- Desarrollar las veedurías ciudadanas, para supervisar la asignación de recursos y mejorar la calidad de la función pública en todas sus instancias.

9.- Fortalecer el sistema de comunicación territorial (SCT), conforme a los adelantos científico-tecnológicos contemporáneos y según las complejidades de un territorio como el nuestro(6).

10.- Consolidar los Programas mejor gestión y anticorrupción o sus homólogos. Ellos son muy útiles para cambiar la imagen y la racionalidad deseable en la conducción de lo público. Se me presenta indispensable que la dependencia del zar anticorrupción, cuente con los recursos tecnológicos y el personal capacitado para enfrentar este gravísimo problema de la administración pública contemporánea. Si el fenómeno de la corrupción político-administrativa no se enfrenta estructuralmente, el peligro de desembocar en un régimen dictatorial será acrecentado, con todas las consecuencias que de allí se derivan.

11.- Mejorar la capacidad tecnopolítica de la Procuraduría General de la Nación; la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. Dotándolas de los recursos técnicos y humanos, que les permitan hacer el seguimiento a la totalidad de las dependencias del Estado. La evaluación del desempeño, es un método muy conveniente para racionalizar la administración y favorecer -adicionalmente- la transparencia de la gestión pública.

12.- Generar procesos de seguimiento a la gestión en el D.N.P., garantizando la eficiencia y eficacia de estos sistemas y la participación de la sociedad civil.

13.- Reorganizar el proceso de distribución y control de las regalías. Ha sido evidente el despilfarro y la corrupción con que lamentablemente se han manejado estos recursos de la Nación. Los cambios introducidos al respecto, a partir de 2010, avizoraron un cambio. Sin embargo, es indispensable que el Estado cuente con las herramientas apropiadas para impedir el manejo corrupto de nuestros recursos públicos.

14.- Crear una nueva cultura política (civic culture), impulsando el liderazgo político proactivo, fomentando las organizaciones de base, las asociaciones de municipios y formando valores de autogestión y corresponsabilidad con el desarrollo local, como alternativa eficaz para superar el paternalismo, la politiquería y el clientelismo regional, que han suplantado la participación de la sociedad civil. La organización de esta, debe avanzar para que su intervención no se limite a dar respuesta a las convocatorias institucionales, sino que se logre una efectiva y autónoma articulación con las administraciones locales y regionales, en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y veeduría de los programas y proyectos de desarrollo. Se trata de crear una nueva cultura cívica, comprometida con el desarrollo de las comunidades. ¿Será cierto que el fortalecimiento de lo local es el futuro de los iberoamericanos y que ello será decisivo para impulsar la descentralización y nuestra integración?(7).

15.- Cuán útil continuar con la práctica de coordinar técnicamente la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la República, para actuar con eficiencia y eficacia y proteger los recursos del Estado.

roasuarez@yahoo.com

Referencias

1. Obsérvese la conveniencia de tener en cuenta los postulados neokeynesianos, aplicados a la realidad colombiana…

2. De gran utilidad para Colombia es fortalecer la primera Escuela de Alto Gobierno (fundada en la Escuela Superior de Administración Pública, en junio de 1997) en los aspectos de formación, investigación y extensión. Las especializaciones, maestrías y el doctorado, con sus correspondientes sistemas de investigación, facilitarán el surgimiento de estadistas como los que necesita nuestro país para el siglo XXI.

3. Roa, Hernando, Edgar González Salas, Juan Carlos Posada, José Antonio Vargas Lleras, Diego Younes y otros. (1997). La Oficina del Presidente. Hurtado y Urbina. Bogotá, pp. 17-117.

4. (1998). Crisis y construcción de sociedad. Esap Publicaciones. Santa Fe de Bogotá, pp. 27-29.

5. Nótese cuidadosamente que, el 4 de noviembre del año en curso (2020), el Congreso de Colombia -una vez más- engavetó la reforma política que estaba en curso.

6. Es evidente que, en los últimos dos decenios, se han presentado en Colombia, adelantos al respecto; más todavía tenemos rezagos que deben ser subsanados para garantizar la eficiencia y eficacia, especialmente, de la administración pública.

7. Para la ampliación de los planteamientos aquí formulados, me permito recomendar la lectura de los aportes de La red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial; y los aportes del profesor Darío Indalecio Restrepo, de la Universidad Nacional.