Gobernar en tiempos de pandemia

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Es un lugar común decir que ningún gobierno estaba preparado para una situación como la que plantea la pandemia del COVID-19, y puede que ello sea cierto, en la medida en que los gobiernos viven del corto plazo, de resolver los problemas que se van presentando y de alguna manera de gestionar la normalidad, si por ello entendemos escenarios donde la acción gubernamental se enfrenta a realidades sociales conocidas y variables controlables.

En el caso colombiano, la acción de los gobiernos se enmarca en los estrechos márgenes de un plan de desarrollo de cuatro años, el cual, más que un instrumento de planificación, es una matriz de ordenación y de gasto de la inversión pública. Si bien la Constitución señala que en los planes de desarrollo se incluyen los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, lo cierto es que en la lógica de planeación en Colombia no se pasa del proyecto de inversión, puntual y focalizado, y la acción institucionalizada de largo plazo, lo que llamaríamos políticas públicas, se pierde en las urgencias diarias de la gestión pública.

Colombia tiene que dar el paso hacia las políticas públicas, hacia intervenciones estructurales de mediano y largo plazo que trasciendan los períodos de gobierno, y que estén blindadas en su continuidad – no en su ajuste y modificación- al ciclo político, advertencia que en su momento hizo Lauchlin Currie, precisamente el artífice de la planeación del desarrollo en Colombia. Cuando se señala que somos un país sin consensos mínimos – donde un gobierno logra un acuerdo de paz y el siguiente lo sabotea-, también estamos diciendo que la función de gobierno no refleja un verdadero contrato social, metáfora cada vez más vacía y alejada de nuestra realidad social y política. La Constitución de 1991 de alguna manera reflejó un pacto social que se ha ido diluyendo en la polarización política e ideológica.

El margen de acción de los gobiernos durante la pandemia del COVID-19 es estrecho, con información incierta y poca incidencia en las variables que definen el curso de la epidemia. Los distintos modelos de atención a la pandemia han dado resultados diferentes, dependiendo de las medidas de confinamiento adoptadas, el tiempo en que lo hicieron, la estrategia de salida y las medidas de protección social y económicas implementadas.

A tres meses del primer caso de COVID-19 en Colombia, el corte de cuentas favorece la gestión del Gobierno nacional y de los gobiernos locales desde la perspectiva del número de muertes, objetivo central de la estrategia, según lo ha advertido el presidente Iván Duque, pero no tanto en cuanto a los efectos económicos de las medidas de confinamiento. La cifra de pérdida de empleos y contracción de la economía no auguran los mejores escenarios en el futuro próximo, y ya empiezan a oírse voces que señalan que la cuarentena empezó muy pronto, que las estimaciones iniciales estaban sobre dimensionadas y que los efectos de “apagar la economía”, tendrá más efectos negativos que la propia epidemia.

Con los casos de España e Italia en frente, y de lo que se sabía del virus en el mes de marzo, difícilmente se le hubiera podido pedir a los gobiernos no adoptar medidas como las de confinamientos estrictos, al menos para ganar tiempo. Hoy, ya con las cifras en la mano, es fácil decir que debimos haber esperado un poco más para guardarnos, no hay contra qué compararlo, y la suposición de medidas de confinamiento menos severas en beneficio de la economía se debilita en casos como el de Suecia, si se compara con el resultado de los otros países escandinavos donde el número de muertes es bajo y la afectación económica es similar.

Colombia tiene cerca de 24.300 casos activos y 1400 muertes en los primeros diez días de junio. Con un promedio estimado de 60 muertes diarias, a finales de agosto, estaremos sobre la cifra de 6000 muertes, lo cual también nos haría preguntarnos en la efectividad de las medidas orientadas a salvar vidas.

No parece existir una estrategia nacional diferente de medidas a cuenta gotas en función de la presión de distintos sectores, y de dejar la responsabilidad del regreso a la normalidad en los gobiernos locales, con capacidades de respuesta institucional muy desiguales. No hay una mirada integral, de política pública, con todas las variables en juego, potenciando los mecanismos de coordinación interinstitucional, y fijando objetivos alcanzables con sistemas de indicadores medibles y verificables, es de nuevo la mirada de corto plazo, como bien lo reflejan las autocomplacientes alocuciones diarias del presidente.

@cuervoji

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