Por: Alejandro Reyes Posada

Gobernar la transición

Afuera, Colombia se percibe como un país que soluciona sus problemas y sale de la franja de países no viables para ser un caso potencialmente exitoso.

Adentro, una mezcla de pesimismo y oposición impide ver lo nuevo, apenas incipiente, en medio de la inercia del pasado, con su tremenda fuerza de arrastre para bloquear los cambios que se avecinan. Esa contradicción es típica de los períodos de transición entre pasado y futuro, pero también obedece a que desde lejos se aprecian fenómenos que no se ven con la mirada puesta en la realidad inmediata y cercana.
 
Cinco décadas de conflicto armado cristalizaron una cultura de la subversión y la contrainsurgencia y naturalizaron la guerra interna como parte corriente de la vida, la política y los negocios. Más aún, crecieron nuevas ramas industriales que florecen bien en situaciones de violencia, como la corrupción, la especulación inmobiliaria, la seguridad privada, las economías del crimen organizado y todas las empresas de entretenimiento, que permitan evadir mejor la crudeza de la realidad. El pueblo también aprendió a sacar el mejor partido posible para rebuscarse una tajada de la ilegalidad como medio de subsistencia y hasta proliferan los negocios de redención de víctimas y pobres.
 
Lo radicalmente nuevo de nuestra realidad es que un miembro de la élite decidiera ponerle fin en serio a esta anomalía monstruosa de seguir amancebados con la guerra como el destino para las nuevas generaciones, mientras se mantienen las fachadas de seguridad, justicia, democracia y civilidad, y se logra un mediocre crecimiento en medio de la pobreza, gracias a la generosidad de los recursos naturales.
 
Porque parar el conflicto armado es ante todo trazar las rayas prohibidas de empleo de la violencia e ilegalidad que la misma élite no puede permitirse en su propia conducta, si quiere gobernar la transición a una nueva forma de convivencia colectiva. Esas restricciones autoimpuestas obligan más a los adversarios y al resto de la sociedad que cualquier tratado formal.
 
El expresidente Gaviria abrió la caja de Pandora cuando propuso una justicia transicional y definitiva para todas las partes envueltas en la guerra, pero su propuesta tiene la consecuencia no pensada de abrir la puerta a una discusión de mayor calado que la contabilidad de procesos y cárceles. El problema se puede plantear en estos términos: si la justicia transicional se aplica a las guerrillas, como fruto de un acuerdo político para sumarse a la democracia, a cambio de una promesa de no vincular política y violencia, de un reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y la garantía de no repetir las atrocidades, ¿a qué se comprometen los demás sectores envueltos en la guerra?
 
El fin del conflicto debe ser la transformación simultánea de todo el sistema de violencia e ilegalidad asociado al conflicto armado y exige también de los grandes propietarios, jueces y notarios, empresarios y políticos, un reconocimiento de su participación en las hostilidades, una solicitud de perdón a las víctimas y, sobre todas las cosas, la promesa de hacer la transición hacia la democracia y la civilidad.

 

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