Gobierno banquero

El Gobierno es dueño de tres fiduciarias, cuatro aseguradoras, dos bancos de primer piso (entre ellos, el deslustrado banco de desarrollo agrario), cuatro entidades de segundo piso y otras diversas como un fondo de garantías, el Icetex, el Fondo del Ahorro y el antiguo Fonade. Esta maraña es la herencia de distintas políticas de épocas remotas y no tan remotas; un conjunto disímil de empresas de variados tamaños y capacidades, que subsiste disperso por inercia, sin que muchas de ellas respondan a las políticas modernas de desarrollo.

En muchos casos, las empresas financieras estatales no siguen precisos objetivos de política pública, es frecuente la falta de transparencia y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, hay duplicación y redundancia de funciones, y mediocres o malos resultados financieros y administrativos.

En buena hora, de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, el Ministerio de Hacienda le va a meter muela a este asunto. El primer paso consiste en centralizar la propiedad de esas entidades en una empresa holding que pueda adelantar el necesario proceso de ordenamiento, tecnificación y orientación de las instituciones financieras del Estado. Esta holding nacerá el próximo 24 de noviembre.

Después de constituida la holding, en consulta con el alto Gobierno, uno de sus propósitos inmediatos será determinar con qué entidades financieras, sólidas, con propósitos claros y bien manejadas, el Estado colombiano tratará de alcanzar sus objetivos de desarrollo. Como un subproducto se decidirá, entre otras cosas, cuáles instituciones absorberán a otras, cuáles se fusionarán y cuáles se liquidarán.

La calidad del gobierno corporativo de la banca pública es un elemento clave de su éxito o fracaso. La historia muestra que, con alguna frecuencia, los bancos estatales han sido capturados por sus beneficiarios, usualmente gentes acaudaladas, que no cancelan sus créditos de privilegio y así vulneran el patrimonio de las entidades estatales; y cuando ellas se debilitan, se capitalizan para financiar nuevos créditos que tampoco se cancelan. La agudización de este proceso fue lo que causó la crisis y desaparición de una variedad de bancos y corporaciones estatales al final del siglo pasado.

En materia de gobierno corporativo, Colombia cuenta, por fortuna, con el ejemplo de la FDN, entre cuyos accionistas se encuentran entidades multilaterales y un banco extranjero, con una junta directiva que puede impedir, por ejemplo, que se realicen operaciones con propósitos políticos, se reparta mermelada o se regalen recursos a agentes privados (según reportes de prensa, esto no se puede asegurar de ciertas empresas financieras públicas). La estructura de capital y de gobierno de la nueva banca de desarrollo, en lo posible, debe tener una solidez semejante a la de la FDN.

Ya que en muchos casos no es claro si algunas entidades financieras del Estado cumplen o no con sus objetivos misionales, para hacer las correcciones necesarias es indispensable utilizar instrumentos de evaluación de impacto (de acuerdo con las técnicas avanzadas en esta materia) para determinar cuáles líneas de crédito, seguros, garantías y otros productos alcanzan los propósitos de estas instituciones.

De la reforma impulsada por el ministro de Hacienda podría surgir una banca pública de desarrollo moderna, efectiva y transparente.