Gobierno de candidatos

Se avecina la elección del nuevo defensor del Pueblo y ya se oye que entre los candidatos más opcionados, que andan en plena campaña, está la exministra y hoy consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Ella sabe que está en su cuarto de hora y, como de boba no tiene un pelo, no declinará ningún honor aunque le quede grande.

En unos pocos meses empezará en forma la campaña para suceder al procurador Fernando Carrillo, y también aparecen en el abanico de aspirantes unos alfiles cercanísimos al Gobierno, como el ministro del Deporte, Ernesto Lucena —según él, exatleta—, y uno que otro lagartico empotrado en la nómina oficial.

Va quedando dibujado el propósito del Gobierno de penetrar los organismos de control, luego de haberse tomado por completo la Fiscalía a través de Francisco Barbosa —autoproclamado el más sabio y estudiado de su generación—, a quien le convendría serenarse a la hora de dar declaraciones, porque entre muchas de las cosas que ha dicho ha soltado una que otra inexactitud.

Hay que sospechar de una democracia cuyo gobierno pone a sus funcionarios a que aspiren a todos a los cargos posibles y particularmente a aquellos que investigan al mismo régimen. El Centro Democrático no ahorra esfuerzo alguno en ese empeño, porque se ha ido apoderando paulatinamente de cuanto hueco burocrático hay, al extremo que ya está aliado el Centro Nacional de Memoria Histórica con Fedegán para que la memoria del conflicto sea la que ellos quieren imponer, y a medida que el tiempo avanza, todo hace prever que pronto serán dueños hasta del aire que respiramos y, lo que es peor, que sobre ellos no habrá quién los vigile o controle, como les gusta.

Ese cambio de camisetas no es bueno. Alfonso Valdivieso ha sido el único fiscal que salió del búnker al Hotel Tequendama a lanzar su campaña presidencial, promovida, entre otros, por Néstor Humberto Martínez, la cual duró hasta cuando pronunció su primer y único discurso. El sinvergüenza de Alejandro Ordóñez saltó del Consejo de Estado a la Procuraduría y allí ejerció por siete años, hasta que se anuló su elección, y a continuación se lanzó como precandidato presidencial de la ultraderecha. Y, claro, también hay funcionarios vinculados al Gobierno que salen de sus empleos para aprender el oficio de candidatizarse a la Presidencia y a otros cargos, y por lo general resultan un fiasco.

El Gobierno anda ambientando un proyecto de reforma a la justicia, donde ha propuesto que fiscal, procurador y contralor no puedan aspirar a cargos de elección popular en los cuatro años siguientes a dejar sus cargos. La propuesta tiene nombre propio y es atravesársele a Carrillo, porque desde que Duque lo señaló de ser aspirante a sucederlo se prendieron las alarmas en el poderoso comité burocrático del uribismo, que así como peleó la Fiscalía no está dispuesto a que venga un procurador que no les convenga. Ni ellos ni nadie tiene duda de que también en la Procuraduría pondrán a otro de los suyos que les marche sin tropiezos.

Si el Gobierno está interesado en que otros servidores públicos queden inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular, ¿por qué no aplica la misma lógica para impedirles a varios de sus funcionarios convertirse en fiscal, procurador, contralor, defensor del Pueblo. La más elemental transparencia sugiere que no está bien esa puerta giratoria de miembros del Gobierno entrando a los organismos de control y a la Fiscalía, porque aunque lo quisieran no podrían ser independientes en sus nuevos cargos.

En detalles como estos se aprecia la inconsistencia de los propósitos del Gobierno en lo que toca con reformar la justicia y modificar las costumbres clientelistas. Convendría más que todos esos funcionarios, que por estar husmeando dónde podrían ser elegidos popularmente han descuidado sus propias tareas, se entregaran de lleno a sus trabajos sin agendas secretas ni cálculos electoreros.

Adenda. Hace unos meses Duque aplaudía los informes por violación de derechos humanos en Venezuela, mientras Maduro reclamaba respeto a la soberanía nacional. Ahora Duque, con el demoledor informe de derechos humanos de la ONU sobre Colombia, también reclama por la soberanía nacional.

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