¡Grande, la JEP!

Faltan dos meses para que se les venza el plazo a las antiguas Farc de responder a la imputación de la JEP contra 8 miembros del secretariado por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, específicamente en el delito de toma de rehenes, o más claro, por su práctica generalizada y sistemática del secuestro.

La evidencia al respecto siempre fue brutal y concluyente. Todos vimos a lo largo de los años a esas decenas de hombres y mujeres encadenados, casi enjaulados, marchitándose lento y con ellos sus familias; constatamos la crueldad de la guerrilla al racionar unas pruebas de supervivencia y soltarlas cada dos o tres años, y los tratos y la violencia psicológica a los “rehenes” que se extendieron por tiempos absurdos y terminaron en desenlaces cruentos como en el caso de los diputados del Valle. También tuvimos casi 4 décadas de historias sobre secuestros a civiles, finqueros, comerciantes, el horror a menudo de negociarlos ya no con vida sino para que los deudos pudieran enterrar sus restos, la infamia de las pescas milagrosas.

A fines de enero, la JEP sorprendió con la entrega de este primer macro caso, en 322 páginas, con 21 mil episodios individuales incluidos en el auto, y más de mil testimonios. Luego, el 12 de febrero, día mundial contra el niño soldado, el alto tribunal recibió un amplio informe de manos de un grupo de casi 200 víctimas sobre reclutamiento forzado de menores, por cuenta de los actores armados ilegales. Y la semana pasada, se pronunció sobre los falsos positivos con un dato aterrador y es que esas ejecuciones extrajudiciales pueden ser el triple de las reconocidas por la Fiscalía, o sea que sobrepasarían las seis mil.

Estamos asistiendo a un proceso histórico de reconstrucción de la verdad, esa que siempre nos han escatimado, pero además con todo el rigor procesal y la contundencia de una carga probatoria numerosa y sólida. Y también, a la comprobación de que la JEP es probablemente lo mejor que le ha podido ocurrir a este país en varias décadas.

Desde un principio, a esta justicia especial le ha tocado bailar con la más fea, o con los más feos. En su gestación, la ultraderecha se encargó de diseminar el mito de que era un peligroso sistema judicial para lavar las culpas de la guerrilla, para maquillarles sus crímenes y perdonarlos y olvidarlos en un tinglado de falso tribunal. Su parto fue muy difícil pues lo ayudó a asistir, o a complicar, un fiscal general enemigo, primero agazapado y luego desembozado; inclusive ese fiscal, Néstor Humberto Martínez, aprovechó a la JEP y su concepto sobre el proceso de garantía de no extradición de Santrich como pretexto para renunciar a su cargo, cuando la realidad era que nadie podía ser más incompatible con el puesto que él por el exceso de compromisos y vínculos con intereses privados. Luego vino su sucesor, que pasó de ser un entusiasta abanderado, como académico anónimo y sin poder, a un opositor declarado, cuando le dieron la oportunidad de ocupar el segundo cargo más importante del país (autoproclamado por él mismo). Antes, un escándalo de corrupción por un fiscal interno de la JEP que negociaba fallos; más tarde, unas objeciones presidenciales a su ley estatutaria, que le quitaron fácilmente un año de trabajo en firme, con todas las jugaditas del presidente del Congreso, el sórdido Ernesto Macías, para dilatar tiempos. De inmediato, el largo estudio de constitucionalidad de la Corte.

No han podido con la JEP y eso habla de la solidez de su concepción, pero también de que numerosas instancias, adentro y afuera, creen en sus bondades, incluida la Unión Europea, los gobiernos demócratas de EE. UU., la ONU, y las propias cortes colombianas.

Luego de este primer llamado a cuentas a los exguerrilleros por secuestro, lo que viene es trascendental para el proceso de paz, pero sobre todo para empezar a saber la verdad. Ahora, van a tener que entregar detalles, contar todo y colaborar de forma efectiva y sin pretextos. Si lo hacen, vendrá todo un proceso para determinar el grado de aporte efectivo en la reconstrucción de la verdad, y la aplicación de unas sanciones propias, que no incluyen privación de la libertad, pero sí restricciones, y trabajos y obras de contenido restaurador y reparador, por un tiempo de entre cinco y ocho años. Si no admiten, ni aportan ni colaboran, pueden ir a la cárcel hasta por 20 años. Y las víctimas, que han tenido participación en todo ese proceso, podrán también dar su concepto sobre la pertinencia de esas penas.

El plazo para avenirse a los cargos se cumple el 30 de abril. Sin duda, una gran encrucijada para ellos porque va mucho más allá de la simple petición de perdones en la que se han ido cogiendo confianza, y exige su aceptación absoluta de unos delitos atroces y de un plan consciente para atacar a la población civil como parte de su proyecto revolucionario, de su propuesta política, y de su estrategia militar. Pero también puede ser una enorme oportunidad de mostrar su verdadera voluntad, qué tan seria y perdurable en el tiempo es su apuesta política y una ocasión para acercarse a las comunidades que azotaron por tanto tiempo, pero ahora para reparar y resarcir. Deberían verlo entonces como un espacio político que se les abre y con la garantía, hasta hoy cumplida, de que aún les quedan seis años de curules en el Congreso y de que la Fiscalía no puede ir tras ellos.

Por eso, la reacción de las Farc que aguardamos es determinante pues marca un precedente sobre lo que viene, y sobre la respuesta que van a asumir otros actores cuando sean llamados a cuentas. Ahí van avanzando procesos mucho más complejos, como el de la violencia sexual, el de reclutamiento forzado, el exterminio de la UP, y obviamente el de las ejecuciones extrajudiciales. Con este último justamente es que se puede marcar una distancia notoria en la autocrítica y la aceptación de responsabilidades.

Sin dudarlo, las Farc cometieron actos abominables, pero el Estado los igualó o incluso superó con el horror de los falsos positivos. Ojalá esa no sea la justificación de los exguerrilleros para bajarles el tono a sus crímenes de guerra.