Gratuidad en las universidades públicas, una acción urgente y necesaria

En las últimas semanas crecen las voces en el país por la gratuidad en la educación superior pública. Los anuncios hechos por la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico y la Universidad de Córdoba sobre la financiación de las matrículas de sus estudiantes con recursos de la Nación y las gobernaciones respectivamente, abrieron con esperanza y optimismo la importante apuesta centrada en que los estudiantes menos favorecidos económicamente puedan continuar con sus estudios en una época de pandemia, que por supuesto, ha visibilizado con mayor claridad las grandes desigualdades sociales que enfrenta el país en materia de empleo, satisfacción de necesidades básicas, salud y educación.

Sumado a las voces oficiales de las universidades y de los gobiernos locales, crece la exigencia de “matrícula cero” proclamada por el movimiento estudiantil a través de distintas expresiones que han tenido lugar en varias universidades públicas, entre ellas la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional. Esta exigencia en realidad hace parte de una demanda histórica presente en las reivindicaciones sociales orientadas a garantizar la educación superior como derecho fundamental, tal como se ha evidenciado en grandes movilizaciones que han recorrido el continente por educación gratuita de calidad, por ejemplo, en el 2006 Chile vivenció la famosa “Revolución Pingüina”, en el 2011 en este país y en Colombia se presentaron movimientos importantes en favor de la educación, que continuaron en el 2018 y en el 2019.

En Colombia la gran movilización estudiantil del 2011 también tuvo dentro de sus reivindicaciones la financiación de las universidades públicas, lo cual avanzó de manera temporal con el acuerdo logrado en diciembre del 2018 que contempló recursos adicionales hasta el 2022. Pese a que estos recursos de funcionamiento e inversión son esenciales para la sostenibilidad de las universidades públicas, no resuelven la crisis histórica de financiación de las instituciones públicas universitarias, ni garantizan aún más en tiempo de emergencia sanitaria, la permanencia de una parte importante de los 621 mil estudiantes de pregrado que hacen parte de las 32 universidades públicas del país, teniendo en cuenta que la deserción podría estar alrededor del 50%. Es importante señalar que el 71% de estos estudiantes son de estratos 1 y 2, en tal sentido, los hogares en gran parte dependen de la informalidad o se encuentran desempleados, razón por la cual sus recursos escasamente alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Compartimos y defendemos la necesaria gratuidad en las universidades públicas como una acción de Estado que garantice el derecho fundamental a la educación. En este sentido, es el momento histórico oportuno para que el Gobierno Nacional, junto con los gobiernos departamentales y locales avancen en la puesta en marcha de una política de Estado que genere las condiciones para crear los fondos necesarios y lograr el recaudo de los recursos suficientes para el pago de las matrículas de los estudiantes universitarios.

El Gobierno Nacional dispuso 97.500 millones para apoyar el pago de matrículas de estudiantes en las 32 universidades públicas, sin embargo, se requieren 677 mil millones de pesos al año para lograr la gratuidad en los programas de pregrado, en tal sentido, es importante trabajar para alcanzar esta meta, de tal forma que con esto se evidencie que la educación es una prioridad.

El salvavidas para las universidades no puede ser el establecimiento de líneas de crédito, esto agudizaría la situación financiera, endeudando las instituciones y comprometiéndolas con el pago de intereses en el futuro.

La gratuidad no es una utopía, sino una necesidad imperante de nuestro tiempo. En otros países como Brasil, Argentina y México, por mencionar ejemplos concretos, es una realidad. La pandemia ha puesto de presente la necesidad de revisar profundamente las prioridades del país y una de ellas sin duda alguna debe ser la educación.

Es el momento y la oportunidad para que el Gobierno Nacional evidencie su compromiso con la Agenda 2030 enfocada en alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el referido a la educación y a la educación superior (ODS número 4), de tal manera que el Estado garantice el acceso universal y permanente a esta educación como un bien público y un derecho humano.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

@LeoMartinezUPN