Por: Cartas de los lectores

Grave desprotección para los compradores de vivienda

El colapso del complejo habitacional Space en Medellín hizo evidente que los constructores suelen carecer de recursos suficientes para responder por los daños que su eventual conducta negligente ocasione a los compradores de vivienda, para los cuales ella puede representar sus ahorros de toda la vida. Por esta razón, se presentó ante el Congreso una ley que obliga a los vendedores a otorgar garantías para responder por los perjuicios que se causen si la edificación colapsa o debe ser demolida. La ley fue aprobada en agosto de 2016 y desde entonces no ha sido reglamentada por causas que la Procuraduría General de la Nación investiga.

La falta de reglamentación de los mecanismos para amparar los derechos de los compradores implica que estos permanecen –más de año y medio después– en la situación de orfandad que el Gobierno y el Congreso quisieron corregir. Es tan sencillo como esto: si la ley estuviera vigente, y la vivienda que usted adquirió se viene abajo, un banco, una fiduciaria, una compañía de seguros o un fondo de contingencia creado por el constructor tendría que responderle con celeridad. Como no lo está, su único camino consiste en reclamarle al constructor. Puede que se lleve una ingrata sorpresa: que la sociedad a la que compró la vivienda ya fue liquidada. Es lo que suele suceder.

Para tratar de minimizar su responsabilidad, el Ministerio de Vivienda afirma que como las viviendas que ha sido menester evacuar en Cartagena eran ilegales, sus adquirentes no se habrían beneficiado de los mecanismos de garantía previstos en la ley. Es una débil teoría. Las numerosas víctimas de esta estafa podrían haber exigido las garantías, pues la ley habría estado vigente y, seguramente, el Ministerio de Vivienda la habría difundido con profusión. Y como los delincuentes no las habrían podido obtener, pues carecían de licencias de construcción, es bien probable que estas conductas criminales no habrían sucedido.

Estamos ante una situación deplorable. En vez de proteger a los compradores de vivienda, el Ministerio de Vivienda ha velado por los intereses de los malos constructores, que son –es bueno precisarlo– una minoría. Mientras esta situación se mantenga, el perjuicio, que es potencial para unos adquirentes de vivienda, pero dolorosamente real para otros (los evacuados en Cartagena y los que vengan), crece día tras día. Peor aún: se está comprometiendo el patrimonio del Estado en la medida en que éste es responsable de los daños que la conducta omisiva de sus funcionarios ocasione. Evitar o mitigar estos perjuicios es la otra razón por la cual se requiere una decisión oportuna de la Procuraduría General.

Jorge H. Botero. Presidente de Fasecolda.

 

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