Por: Armando Montenegro

Grave equivocación

El nuevo alcalde de cali acaba de proponer que se constituya un fondo, financiado con recursos aportados por un grupo de empresas privadas, para pagarles sobresueldos a algunos OOfuncionarios de su administración. Argumenta que con los ínfimos salarios públicos, sin este mecanismo, no podría vincular buenos OOXXfuncionarios a su administración.

El XXfuncionario electo tiene razón en el diagnóstico, pero se equivoca con su propuesta.

Es cierto que un alto ejecutivo del sector privado puede ganar diez veces más que un ministro. También es cierto que el sueldo de este funcionario, con responsabilidades por lo menos iguales a las de los líderes más destacados del sector empresarial, es apenas semejante al de un empleado de quinto nivel de una entidad privada de algún tamaño. Y el problema no se limita a los altos cargos. Aunque la responsabilidad de un experto en regulación, en el manejo de las reservas mineras o de hidrocarburos o en la defensa jurídica de la Nación es enorme, sus pagos son mínimos, muy inferiores a los que recibiría en el sector privado.

Con los actuales salarios del sector público, el mayor interés de trabajar en los puestos de alta responsabilidad se presenta en cuatro grupos de personas: los ricos (que no necesitan el sueldo), los corruptos (que saben bien a lo que van), los jóvenes que inician su carrera profesional (consideran que la visibilidad y la consecución de experiencia recompensan los malos ingresos durante su transitorio paso por el sector estatal) y reducidos puñados de idealistas, servidores del interés colectivo, enamorados de la vida pública. Ya que estos últimos, por lo general, son escasos, en algunas oportunidades los tres primeros grupos terminan acaparando buena parte de los cargos más destacados del Estado.

No sólo los niveles de los salarios públicos son irracionales. En los rangos medios y bajos de la nómina estatal no se pueden pagar incentivos por el buen desempeño. Es imposible pagarle una bonificación a un extraordinario profesor de una escuela pública; es imposible recompensar con un bono a un juez honesto que elimina el atraso en su despacho. No se le puede pagar un incentivo a un abogado que gana un pleito en nombre de la Nación (enfrentando a litigantes que, en caso de triunfar, se meten al bolsillo miles de millones de pesos). Todos los empleados del Estado del mismo nivel tienen que ganar lo mismo, en forma independiente de su rendimiento. Todos en el piso.

Es enorme el costo de mantener bajos salarios en los cargos altos e impedir los pagos de acuerdo con el desempeño. Ésta es una de las causas de que el Estado funcione mal, de que todo lo haga lentamente y, con frecuencia, en forma equivocada.

Pero el problema no se soluciona con sobresueldos pagados por empresas privadas. Esto no sólo sería un error, sino, como lo han señalado destacados abogados, un delito. Los funcionarios remunerados con recursos privados tendrían obligaciones especiales con sus patrocinadores. El hecho de que esto se hubiera hecho en el pasado, incluso en cargos de importancia nacional, no puede justificar que esta práctica se repita.

Lo que debió proponer el nuevo alcalde de Cali es una buena reforma a la remuneración de los empleados públicos. Es hora de que una misión nacional o internacional, conformada por verdaderos expertos en la materia, proponga un nuevo esquema para definir los salarios y los incentivos de los servidores públicos. Una iniciativa de este tipo seguramente tendría un costo importante, que debería financiarse con los ahorros derivados de la eliminación de tantos cargos innecesarios de la burocracia estatal. Un sector público más fuerte y más eficaz debería contar con menos funcionarios, más capaces, mejor preparados, con mayor experiencia y, claro, bien remunerados.

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