Por: José Fernando Isaza

Guaduas

Miércoles 14 de junio de 2017, 5 a.m. Se oyen ruidos de explosiones de pólvora; no era una toma guerrillera a la población, simplemente fue la alborada que da inicio a las fiestas locales. No hubo miedo entre turistas, se sabía que las Farc llevaban casi dos años de cese al fuego y para la fecha estaban desmovilizadas y la entrega de armas alcanzaba el 60 %. Años atrás ese incómodo despertar hubiera hecho pensar en un ataque a la población. Basta recordar que a pocos kilómetros se encuentra el Alto del Trigo, sitio de un enfrentamiento entre Ejército, guerrilla y población civil.

Hoy, no sólo se puede ir a las fincas; es también posible recorrer buena parte del territorio sin la angustia de un asalto o de ser víctima de un secuestro en la modalidad de las llamadas pescas milagrosas. Estamos viviendo en un país, si no en completa paz, sí en uno que logró desmovilizar a una guerrilla activa por más de medio siglo.

Es sorprendente el cambio de roles que está viviendo la sociedad. Cuando los antiguos comandantes de las guerrillas y aun los guerrilleros rasos hablan, generalmente, se expresan así: “Cambiamos las armas por la palabra, las balas por los votos; nunca más recurriremos a la violencia para obtener fines políticos; reconocemos el daño que se causó a la población civil en esta prolongada guerra; confiamos en los acuerdos firmados y entregaremos la totalidad del armamento aun antes de haber obtenido la seguridad jurídica de los acuerdos”. Por el contrario, los dirigentes del Centro Democrático, en sus discursos, plantean volver añicos los acuerdos, modificar lo pactado entre el Gobierno y la guerrilla. Hay una incitación permanente a que se eche atrás la paz negociada y se vuelva a la confrontación armada. Parece que su único ambiente para hacer política es un país en guerra. Sueñan con una victoria de tierra arrasada y olvidan que durante los dos periodos de gobierno no pudieron, como era su deseo, derrotar militarmente a la guerrilla, empleando, eso sí, todas las formas de lucha, entre ellas el desconocimiento y el atropello a los más elementales derechos humanos.

Un observador externo diría que los excombatientes guerrilleros se están apropiando del lenguaje de los estadistas, y quienes deberían, por su condición de dirigentes políticos, emplear un lenguaje que no incite a la violencia la invocan con sus palabras.

Hacer una campaña con la bandera de no cumplir los acuerdos de paz es, simple y llanamente, incitar a un resurgir de la insurgencia. ¿Por qué le molesta al Centro Democrático un país que se encamina a la paz? ¿Cuánta más sangre será necesaria para satisfacerlo?

Que los acuerdos tienen un alto grado de “impunidad” es cierto; no se negoció con una guerrilla derrotada militarmente. La “impunidad” no sólo cubre a los guerrilleros, también cobija a los militares que violaron las leyes de la guerra. Las leves sanciones a quienes cometieron delitos de lesa humanidad son el costo que debe asumirse para iniciar el tránsito a un país en el que se renuncia al uso de las armas como medio de hacer política.

Debe buscarse que las negociaciones con el Eln avancen más rápidamente. Esta organización ilegal armada tiene que entender que ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional están dispuestas a aceptar prolongadas negociaciones mientras se acepte como arma de lucha el secuestro y el ataque a los civiles.

 

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