Guajira azul

En archivos de los años 20 figura “la comisaría de la Goajira” en documentos sobre permisos para la minería. Se habla también sobre sus exóticos habitantes siempre con racismos y suposiciones. En 1932 Olaya Herrera aceptó la petición de dotar al comisario de un vehículo para trasladarse por las trochas del territorio y conocerlo. En el 35 el gobierno de Alfonso López Pumarejo destinó una partida “para impedir la trata de indígenas en la Goajira en minas”. Durante este gobierno se destinó también una partida para los “sueldo y viáticos de un ingeniero encargado de abrir pozos de agua en la goajira”. Según el censo de servidores públicos de 1938, la Guajira tenía 53.409 habitantes y 205 funcionarios públicos (el número más bajo de todo el país, seguida por el Vaupés), cuatro trabajaban en telégrafos, 21 en las oficinas del gobierno local, 41 en las escuelas y 139 en la fuerza pública. Durante el gobierno de Eduardo Santos, episodios de violencia impidieron las elecciones para representantes y diputados. Enrique Vargas, jefe de investigación del gobierno de Laureano Gómez, informó sobre la necesidad de atisbar “no sólo de contrabando, sino agentes comunistas, entrando por la Guajira”. Durante el periodo de dictadura tanto la Guajira, como los Llanos, fueron encomendados a gobiernos militares.

En 1971, durante la presidencia de Misael Pastrana, la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC, de Maicao, con alrededor de 2.000 campesinos, alertó sobre el “aislamiento dramático en que se pierden las cosechas por la falta de vías para sacarlas”. Poco después, la ANUC departamental protestó contra el desalojo de grupos de campesinos y la detención de uno de sus líderes. En ese mismo gobierno, autoridades nacionales alertaron sobre la explotación de “los indígenas guajiros en las minas de Carrizal, Municipio de Uribia”, quienes trabajaban para la Compañía Merris Daes Hermanos explotando minas de yeso. “No hay relación laboral contractual, sino obligación generada en una deuda cuando el señor Amo, intermediario de la compañía, suministra a créditos los costales para empaque y los productos básicos alimenticios para los dos meses de recolección en el año, y el indígena se compromete a entregar la recolección. No existe obligación por parte de la compañía para recibir el yeso recolectado por los indígenas, y en consecuencia éste con frecuencia pierde el trabajo cuando no le reciben el yeso”.

Durante la década de los 70, el ingreso per cápita de los habitantes de la Guajira era el segundo más bajo del país (después del de los habitantes del Chocó). Para los 80 este estado de las cosas cambia con la bonanza marimbera, la presencia de frentes de las Farc y el Eln y luego desde mediados de los 90, de estructuras paramilitares que quebraron en pedazos a las comunidades. No cambió sin embargo el nivel bajo de inversión estatal (concentrado siempre en lo militar y las primeras fumigaciones), el bajo ingreso de la población, la mano dura de la minería y la debilidad institucional en términos de bienestar, vías, pozos de agua y demás infraestructura. Desde entonces son periódicos los anuncios de mágicas soluciones para el agua: desde pozos perforados por “amigos de la W radio” en acostumbradas caridades de la empresa privada, hasta sucesivos planes de inversión “nunca antes vista” durante los gobiernos Uribe y Santos. Estos esfuerzos siempre con nombres creativos han incluido también un ultimátum de la Corte Constitucional y negocios de concesionarios avispados que manejan acueductos, pero no hacen inversión en mantenimiento.

Inversiones y bombos asumen el “problema del agua” como uno aislado y exclusivo de obras para financiar y cuidar del político local corrupto. Nunca incluyen una palabra sobre la verticalidad abismal de las relaciones en el departamento, la ausencia de empresas de servicios públicos, la devastación diaria de las fuentes hídricas y los derechos de las comunidades por cuenta de empresas mineras, ganaderas y de agroindustria. El nuevo ministro de Vivienda, proclamado en cuanto perfil como un joven genio de la economía, nos trae hoy “una nueva revolución de agua con el plan Guajira azul”, calcado de otras recientes revoluciones.