Guerra, conflicto y Estado

A pesar de que se sabe que guerra es uno de los grandes flagelos de la humanidad, ciertos autores sostienen que de ella pueden surgir algunos desarrollos institucionales positivos. El sociólogo Charles Tilly, por ejemplo, plantea que las continuas rivalidades bélicas crearon las condiciones para la modernización y el fortalecimiento económico y militar de los Estados europeos. Walter Reichel, por su parte, insiste en que las estructuras tributarias progresivas de Europa y Estados Unidos, que contribuyeron a mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, fueron el resultado de la gran movilización social y política que se dio a raíz de las guerras mundiales (algo que se ha venido echando para atrás en las pacíficas décadas pasadas, a partir de Reagan y Thatcher).

Lo interesante es que esto no sucedió en América Latina. Michael Reid, autor de “Bello” en The Economist, señala que “una razón por la cual los Estados latinoamericanos no lograron modernizarse fue la relativa ausencia de guerras entre ellos”. Sin ejércitos suficientes y eficaces, sus débiles Estados nunca tuvieron el control efectivo de grandes territorios, sobre todo de aquellos cerca de sus fronteras, lo que permitió que vastos espacios fueran tomados por ejércitos irregulares, guerrillas y otros grupos armados, donde, además, florecieron actividades ilícitas. Asimismo, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, en América Latina la ausencia de conflictos internacionales fue uno de los factores que impidió el desarrollo de un sistema tributario moderno, progresivo, necesario para que el Estado pudiera cumplir sus funciones básicas.

Los conflictos militares domésticos, confinados en sitios apartados, no producen los mismos efectos políticos y sociales de las confrontaciones internacionales; no suscitan la movilización y el consenso político necesario para hacer las reformas que permitan enfrentar al enemigo extranjero. En Colombia, la lucha contra las guerrillas, con escasas excepciones, nunca indujo el clima de opinión necesario para fortalecer el Estado en forma permanente. Prueba de ello es que el volumen de los recaudos tributarios (frente al PIB) es hoy más o menos el mismo que en el año 2000. Y el gasto militar, que viene cayendo desde que comenzó la negociación con las Farc, no llega al 2 % del PIB (si se descuentan los pagos de seguridad social), una cifra relativamente baja para un país que, incluso después de la desmovilización de ese grupo armado, sufre del asedio de miles de guerrilleros y miembros de bandas criminales que controlan grandes áreas de su territorio.

Tenían razón los académicos que sostenían que la causa de la violencia en Colombia era la incapacidad del Estado para imponer el monopolio de la fuerza en buena parte del país. Sólo de la mano de la seguridad estatal es posible hacer cumplir la ley y atender las necesidades sociales de la población. Con un Estado débil, sin recursos tributarios suficientes, es imposible mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas periféricas e imponer la ley y el orden en los extensos territorios donde hoy mandan la parada los grupos armados ilegales.

Sin el apremio de las guerras internacionales, el fortalecimiento del Estado colombiano únicamente podrá lograrse por medio de complicados y tortuosos acuerdos políticos en el marco de la democracia.