Por: Columnista invitado

Ha valido la pena

La Iglesia católica saludó, con alegría y esperanza, el inicio de las negociaciones para poner fin al conflicto armado interno y ha brindado un apoyo público, permanente y decidido a esta iniciativa de paz.

A lo largo del complejo proceso ha querido contribuir, además, con algunos elementos de reflexión. Me gustaría señalar algunos. En primer lugar, para la Iglesia, el proceso de negociaciones no puede amparar, en modo alguno, la impunidad. La paz verdadera no se construye sacrificando la justicia, como algunos afirman, sino aplicándola en su sentido más profundo, que no es la venganza o el castigo, sino la reparación del delito.

El proceso de negociaciones, ciñéndose a los criterios jurídicos establecidos por el derecho internacional, debe operar los mecanismos de la justicia transicional y encontrar salidas legales que faciliten la plena reincorporación y participación en la vida social y política de los rebeldes, evitando cualquier apariencia de ilegalidad o impunidad. En ese tema, como en otros, se requiere mayor claridad y transparencia de las partes frente a la opinión pública.

En segundo lugar, la Iglesia está firmemente convencida de que el fin del conflicto armado pasa por el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y por la tutela de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Precisamente por ello, en repetidas ocasiones los obispos han reiterado la necesidad de que el proceso abra mayores espacios de participación que permitan escuchar y atender los legítimos requerimientos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto. Las negociaciones no pueden dar la espalda al sufrimiento de tantos años, más aún cuando —como hemos podido comprobar— son las víctimas las primeras dispuestas a la reconciliación y al perdón generoso.

En tercer lugar, la Iglesia entiende que el final del conflicto armado requiere atacar las causas que lo originan o lo favorecen. Precisamente por ello, el episcopado colombiano ha reflexionado en sus últimas asambleas sobre cuestiones tan relevantes como la minería, la crítica situación del sector salud, la cuestión agrícola, la corrupción, etc. Estamos firmemente persuadidos de que sólo el establecimiento de un orden social más justo y equitativo podrá garantizarnos una paz estable y duradera.

Por último, es comprensible que el proceso de negociaciones haya suscitado a lo largo de este período dudas y controversias. La diversidad de opiniones sobre el proceso debe ser asumida como expresión de sano pluralismo democrático. Precisamente por ello, el cardenal Salazar ha hecho un llamado a los líderes políticos del país, de todas las fuerzas políticas, para que sus eventuales diferencias se expresen en un clima de respeto, sin descalificaciones o ataques que en nada contribuyen al sano debate.

A un año de su inicio, no obstante las complicaciones propias de un proceso que se desarrolla en medio del conflicto armado y del escéptico escrutinio de la opinión pública, los resultados hasta ahora obtenidos nos confirman que el diálogo es el único camino posible para construir los necesarios consensos y poner fin a tantos años de inhumana violencia. Por eso, a pesar de los pesares, dialogar ha valido la pena.

 

*P. Pedro F. Mercado Cepeda, secretario para las Relaciones con el Estado Conferencia Episcopal de Colombia

 

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