Por: María Elvira Bonilla

¡Que hablen los generales!

Más de un colombiano de aquellos que han tomado decisiones de guerra no debe dormir tranquilo. La conciencia toma voz en los desvelos y los muertos nunca callan.

Y no pienso en los guerreros rasos del ejército legal y de los grupos al margen de la ley, los que hunden el gatillo, esos padecen su tormento en el diario vivir de sus precarias existencias. Pienso en los hombres de las decisiones, ¡tan erráticos!, que mantienen a los colombianos atorados en ese conflicto, degradado desde donde se le mire.

Porque nada más degradado que las acciones de miembros de las Fuerzas Militares que terminaron en el asesinato a sangre fría y premeditado de gente inocente, campesinos, ciudadanos humildes, para responder a la directiva 29 del 25 de noviembre de 2005, firmada por el Ministro de Defensa Camilo Ospina en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue el único acto por el que se mal recordará el efímero paso de este abogado, quien dejó la Secretaría Jurídica de la Presidencia para ser cabeza de las FF. MM. y viajar luego a la OEA a intentar apagar los incendios por las investigaciones que caminaban con pie firme contra su jefe por la violación de derechos humanos amparada en el propósito de derrotar a cualquier precio a la guerrilla de las Farc.

La directiva de Camilo Ospina creó los incentivos perversos de recompensas por bajas, sin controles claros, que derivó en las ejecuciones extrajudiciales. Además de asesinarlos, se pagó por su muerte cerca de $ 4 millones. Nunca se sabrá, por el secretismo con el que las FF. MM. se gastan los $23 billones de presupuesto, cuánto pagamos los colombianos por matar compatriotas inocentes.

Firmada la perversa directiva, Ospina permaneció seis meses más en el Ministerio. Lo sucedió Juan Manuel Santos en cuyo período —2006 a 2009— se reportó, según la Fiscalía, el mayor número de asesinatos extrajudiciales por los cuales están condenados 817 soldados, cabos y tenientes, e investigados 22 generales. Le siguieron Gabriel Silva, Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón, a quienes le han seguido reportando bajas como principal criterio de resultados operativos.

Desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, los dos presidentes, Uribe y Santos, y los cinco ministros de defensa, han intentado evadir responsabilidades tratando de convencer que la aterradora cifra de 3.000 inocentes fue el resultado de comportamientos irregulares aislados. Pero la teoría empieza a desmoronarse. El cambio de modelo de investigación del fiscal Eduardo Montealegre, basado en la teoría de delitos de sistema, empieza a demostrar que en efecto hubo sistematicidad y que se trató de un entramado de hechos que respondía a un plan de acción con patrones identificables, en el que los oficiales se limitaban a pedir bajas sin averiguación alguna, terminado avalados y premiados por la jerarquía militar. La Fiscalía habría identificado a 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, con lo cual se confirma que no se fueron comportamientos individuales y que la institución está más manchada de lo que Santos quiere aceptar. Los primeros cuatro generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá empiecen a hablar, sin necesidad de comisión de la verdad.

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