Hacer trizas el Estado

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Todavía se recuerda la agria expresión de Fernando Londoño —madurada en años de resentimiento reaccionario— anunciando que había que hacer trizas el Acuerdo de Paz que ponía fin a un conflicto armado con las Farc, conflicto que se extendió más allá de lo necesario, dejando muchas víctimas y respuestas institucionales y parainstitucionales que causaron tanto o más daño a la sociedad que la propia insurgencia.

Sobre el rechazo al Acuerdo de Paz se construyó buena parte de la candidatura de Iván Duque, luego aderezada con la resistencia al castrochavismo y el magnetismo del discurso uribista sobre las élites y las clases medias urbanas, temerosas de volvernos como Venezuela, un fantasma que sigue pesando en el debate público.

El gobierno de Duque ha sido ambiguo respecto del proceso de paz, con un doble discurso de apoyo a través del consejero Archila, el desarrollo de los PDET y la defensa en escenarios internacionales —para no pasar vergüenzas—, y de hostilidad reflejada en actos como la tozudez de la objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP, el discurso negacionista de Acevedo en el Centro de Memoria Histórica y la idea de regresar a la fumigación de cultivos ilícitos. A ello se suma la falta de estrategia de ocupación del territorio, algo que se inició en el gobierno de Santos y que este no ha remediado, lo cual está en el origen del recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, como en Nariño, Putumayo, norte del Cauca, Norte de Santander, sur Córdoba, y que ha generado el clima para que no cese el asesinato de líderes sociales, de desmovilizados de las Farc (216 desde la firma del acuerdo), y el regreso de masacres, de las cuales ya Naciones Unidas registra 34 en lo que va corrido del año. Puede que el gobierno no esté haciendo trizas los acuerdos de manera explícita, pero tampoco se le ven muchas ganas de defenderlos y de consolidarlos.

Al lado de esto, y en medio de la pandemia del Covid-19 que ha sometido a la sociedad y al Estado en una especie de coma inducido –la expresión es de Jorge Volpi-, el presidente Duque, con su nadadito de perro, está haciendo trizas el sistema de frenos y contrapesos del Estado. Logró hacer elegir de fiscal a un amigo suyo, quien ha demostrado no tener idoneidad alguna para el cargo; logró hacer elegir en la Cámara de Representantes como Defensor del Pueblo a alguien cuyo mérito público más relevante fue el archivo de la investigación contra Óscar Iván Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral por posible ingreso de recursos de Odebrecht en la campaña, y se apresta a que sea elegida en el Senado Margarita Cabello, esa jurista multiusos —sirve para fiscal, para procuradora, para magistrada, para ministra de Justicia— como procuradora general de la Nación, de quien ha trascendido más su capacidad de cabildeo que su conocimiento jurídico. Así, organismos de control y Fiscalía quedan en manos de amigos, quienes tienen la misión de no incomodar y permitir que se gobierne sin contrapeso mientras se ahonda el deterioro institucional y con ello las condiciones para más violencia. Y falta la elección de dos magistrados de la Corte Constitucional, donde seguramente el presidente se la jugará con candidatos con posturas conservadoras, aprovechando los tiempos que corren.

El COVID-19 nos va a dejar estropeados, pero este gobierno nos va a dejar un legado que nos va a hacer más difícil la recuperación, social, económica e institucional.

@cuervoji

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