Hachazos contra la paz

Fue asesinado con un hacha el 27 de diciembre. El primer golpe se lo asestaron con el ojo del hacha en la cabeza. El segundo le destrozó el rostro. Los dos últimos le hicieron varias heridas en su cuerpo. Lo encontraron desnudo y lleno de polvo, como si después lo hubieran arrastrado por la trocha. Estaba cerca de una finca en Miranda, Cauca, que la gente llama El Matadero porque allí matan animales y se expende carne de forma ilegal. La camisa que llevaba ese día quedó en el alambrado de la finca. Se llamaba Manuel Alonso Villegas y lo conocían en las Farc como Romel o Carmelo.

Manuel, de 55 años, es uno de los 250 excombatientes asesinados a partir de la firma del Acuerdo de Paz. En la actualidad, dirigía con otros reincorporados y líderes comunitarios la empresa La Leyenda, de fabricación y estampado de camisetas, en Cali. En 1980 había pertenecido al M-19, pero a la hora de dejar las armas y desmovilizarse prefirió continuar en la guerra. Perteneció a una organización llamada Jaime Bateman Cayón, que operó durante los años 1990 y 2000 en el Valle, Cauca, Tolima y Quindío. Tenía bajo su mando 90 combatientes bien armados y entrenados que se unieron a las Farc para enfrentar a los paras.

“Romel era un hombre valiente, lo conocí batallando contra los paras en Cauca, donde vivimos una guerra atroz en la que tomaron parte los carteles del Norte del Valle y de Medellín. Lo que está ocurriendo es un déjà vu de nuestra tragedia. El Jaime Bateman no quiso desmovilizarse con el M-19 porque no creyó en la voluntad de paz. Unos años después el Gobierno los buscó para iniciar unos acercamientos, pero al delegado guerrillero lo asesinaron en ese intento. Luego la organización se unió a las Farc”, explica el senador del partido FARC Pablo Catatumbo, quien estuvo al mando del Bloque Occidental.

El mismo día en que asesinaron a Manuel acribillaron en Montecristo, Bolívar, a Rosa Amalia Mendoza y su familia, incluido su bebé de apenas dos meses. Una lista de tragedias donde sólo algunos nombres son reseñados. Dímar Torres es uno de ellos, asesinado por soldados que hicieron toda una operación de seguimiento para convertirlo en un falso positivo más en el Catatumbo. Y Mario Morales, un importante comandante del Magdalena Medio, quien le metió como ninguno el hombro a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Fue asesinado por el Eln, que lo acusaba de trabajar para la inteligencia del Ejército, porque estaba encargado de entregar al Estado los bienes que tuvo la organización para reparar a sus víctimas. Es decir, lo mataron cumpliéndole a la paz y en parte porque el Estado no solo no lo protegió sino que lo puso en riesgo. A Mario Morales lo citó el Eln a una reunión y allí mismo lo asesinó.

Una situación que también le ocurrió a Albeiro Suárez, un destacado comandante guerrillero del Bloque Oriental, asesinado por las disidencias de Gentil Duarte, cuando le apostaba a la paz, en Mesetas, Meta, a donde llegaron más rápido las disidencias y los paramilitares que el Estado. “Era uno de los hombres más valientes que he conocido. Me salvó la vida varias veces. Siempre tenía una voz de aliento para sus compañeros y ahora lo mataron como a un perro, ¿para qué dejamos las armas? ¿Para que nos asesinen mientras estamos trabajando?”, se lamentó llorando una excombatiente que no quiso revelar su identidad, pero que combatió junto a Albeiro. Mientras esto ocurre, el Gobierno cierra los ojos y da escuetas declaraciones para tranquilizar a la comunidad internacional, que mira aterrada lo que nos pasa. No saben —o no les importa— que, en 1960, Manuel Marulanda, el fundador de las Farc, volvió al monte cuando mataron a Charronegro, el último de una lista larga de amigos excombatientes que dejaron las armas y luego fueron asesinados. Eso fue antes de los 200.000 muertos que dejó el conflicto armado que buscamos dejar atrás. Así es como se reciclan las guerras.

Fe de errores. En una versión inicial de esta columna se citaba la fecha del asesinato de Charronegro como 1953 y no 1960.