Por: Santiago Montenegro

Hacia un pacto social

Hace algunas semanas, al discutir la situación laboral con un viejo lobo de varios gobiernos, hoy retirado, trataba de convencerlo de la necesidad de una gran reforma, por considerar como insostenible el hecho de que existan unos 11,5 millones de trabajadores informales, de un total de unos 19,5 millones de ocupados.

Además, le recordaba que otros dos millones están desempleados y que alrededor de un 49% de los ocupados ganan menos de un salario mínimo. Con una gran serenidad, esta persona me respondió que mis cifras son ciertas, que no tiene duda sobre ellas, pero que de ellas no se desprende, necesariamente, la urgencia de una reforma laboral. Hay que tener mucho cuidado y cautela, argumentó, en no perturbar un pacto social, no escrito, que ha existido en Colombia desde el Frente Nacional y que ha traído muchos beneficios. Según él, este es un pacto que ha existido entre el Gobierno, los grandes empresarios y los trabajadores sindicalizados, especialmente del sector público, que se ha traducido en paz laboral a cambio de un mejoramiento de los salarios reales y acceso a servicios sociales, además del reconocimiento de un estatus social y político de los dirigentes de las principales centrales obreras. Analizadas en retrospectiva, las cifras y los hechos parecerían confirmar la existencia de un pacto que excluye a un 70% de los trabajadores colombianos. Más allá del ordenamiento constitucional, las leyes y, en general, del derecho positivo, muchos países tienen, efectivamente, pactos sociales no explícitos que sirven para explicar sus logros, pero también sus déficits históricos. Como tantas cosas en la vida de los pueblos, muchas veces dichos pactos no son efecto de un propósito o de una acción deliberada, sino el producto de multitud de circunstancias históricas que producen un determinado resultado. Naturalmente, quienes se formaron bajo concepciones historicistas, deterministas y holistas siempre encontrarán una teleología, un propósito, una conspiración y hasta un culpable en los ordenamientos sociales, políticos y económicos. Si hay pobreza o desigualdad o marginación o falta de oportunidades o una gran informalidad laboral, tiene que haber un responsable. Un culpable que hay que señalar y remover, como el imperialismo, las clases dirigentes, los terratenientes, los banqueros, los traidores de clase o una combinación de estos u otros agentes.Personalmente, jamás he creído ni en el historicismo ni en el determinismo y menos en la capacidad de personas y grupos específicos para dominar una sociedad en la que existan unos mínimos de democracia, libertad de expresión y otros derechos civiles fundamentales, como creo es el caso de Colombia. Nuestro país ha pasado por etapas terribles en su historia, no hemos sido capaces de resolver muchos problemas que afligen a millones de personas, pero, al mismo tiempo, hemos construido un ordenamiento institucional que ha igualado ante la ley a todos los ciudadanos, ha consagrado derechos políticos y también ha reconocido los derechos sociales, a partir de la Constitución de 1991. Por estas razones, me niego a creer que el supuesto pacto social sea un acuerdo fáctico entre los principales actores sociales. Pero, en lo que sí creo firmemente, es en la necesidad de crear un pacto social, ese sí nuevo, explícito y cierto, que conduzca a incluir en la formalidad a todos los trabajadores. Es ya tiempo de que alguien represente y defienda a unos 13,5 millones de trabajadores que son informales o desempleados.

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