¿Hacia una constituyente?

Arturo Charria
21 de marzo de 2019 - 05:30 a. m.

La respuesta de la Corte Constitucional sobre las objeciones presentadas por el presidente Duque revivió un viejo fantasma del uribismo: su deseo por hacer una constituyente.

Uno de los primeros en manifestarse fue el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien trinó: “Si la @CConstitucional se pronuncia como anuncian los medios, presionan una constituyente, y ahí podremos revisar TODO lo acordado”. Pocas horas después, el periodista Ernesto Yamhure escribió desde Miami: “La @CConstitucional le quiere dar un golpe de Estado al presidente @IvanDuque. Así las cosas, lo que procede institucionalmente es una constituyente para reformar de una vez y para siempre a la corrupta, prevaricadora y degenerada rama judicial colombiana”.

Estas sentencias estuvieron respaldadas por una serie de trinos del uribismo contra la Corte Constitucional, en los que la señalaba de estar destruyendo el “Estado de derecho” y de haberse aliado con el Gobierno anterior en favor de las Farc: “La Corte Constitucional, por atender a un Gbno. comprometido con las Farc, aceptó que un plebiscito pudiera ser sustituido por una proposición del Congreso”. Así, mientras la línea discursiva era trazada por estos líderes de opinión, en las redes sociales se consolidaba la tendencia #CorteConstitucionalCorrupta.

Sin embargo, la idea de reinventar el Estado y sus instituciones no es nueva. En 2009, José Obdulio Gaviria lideró la tesis del llamado “Estado de opinión” como máxima instancia democrática ante “la tiranía de las instituciones”, pues éstas no representaban el estado emocional y político del país. Por esos años la popularidad del expresidente arañaba el 80% y esas cifras eran suficientes para justificar su tercer periodo de gobierno.

Diez años después, con menos popularidad, pero con la “autoridad” que le da al Gobierno el triunfo en el plebiscito y en las pasadas elecciones presidenciales, tienen la intención de gobernar por encima de las instituciones. La desconfianza hacia la Corte Constitucional se origina en la misionalidad de la misma, pues no es otra que la defensa de la Constitución de 1991. Incluso, gran parte de los derechos sociales, políticos y económicos con los que hoy cuentan las minorías del país han sido posibles por las sentencias de este tribunal. Se trata de derechos que tienen que ver con la sexualidad, la identidad, el respeto por la autodeterminación, la libertad de expresión, el trabajo, y que los sectores más conservadores del país siempre han visto con sospecha e incluso como desviación de lo que llaman “ley natural”.

Así, el Gobierno querrá sacar provecho de este llamado “choque de trenes” con la Corte Constitucional para crear un Estado de opinión, y habrá quienes crean que estamos ante una dictadura de unas instituciones que no representan el sentimiento que ya se manifestó en las urnas. Por tanto, resulta necesario reinventar el Estado y crear una nueva institucionalidad que se ajuste a la “voluntad popular”. Entre sus primeras acciones, estaría reformar “la corrupta, prevaricadora y degenerada rama judicial”. Es decir, eliminar la Corte Constitucional.

La representante a la Cámara Juanita Goebertus evidenció en su derecho a la réplica que las objeciones, al haber sido resueltas en forma y fondo por la Corte Constitucional, son inviables. Entonces queda la pregunta, ¿qué intenciones perseguía el Gobierno al generar esta polémica? ¿Calmar a los sectores más radicales de su partido? ¿Provocar dicho choque de trenes? Todo es difuso, y quizá el resultado podría ser una de esas carambolas que suelen ocurrir en el fútbol, una de esas situaciones en donde un jugador lanza un centro y resulta que hace un gol. De esta manera quizá el Gobierno logre convertir un desatino en una oportunidad para mejorar su gobernabilidad y, también, crear una Constitución a su medida.

@arturocharria 

charriahernandez@hotmail.com

 

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